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Poder judicial frena intención de la CRE de redefinir energía limpia
Resoluciones judicales dejan sin efecto la polémica directriz del regulador energético que recategorizaba como limpia una parte de la generación de las plantas de gas natural.
Las suspensiones judiciales al acuerdo con que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pretendía calificar como limpia la energía generada en plantas de generación mediante ciclos combinados a gas natural no impactarán el lento desarrollo del sistema eléctrico nacional porque a decir de especialistas, esta administración ha dejado de lado la planeación, enfocándose en los dogmas que contravienen la ley, como fue demostrado en la presentación del último Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).
El Prodesen, publicado hace un mes por la Secretaría de Energía como documento indicativo obligatorio con visión 2023-2037 expuso que el país alcanzó la meta de 31.2% de la generación eléctrica limpia en 2022, tomando en cuenta la metodología de incluir al gas natural de ciclos combinados porque sin la energía que se genera en estas plantas, la energía limpia que no emite CO2 según se cataloga en todo el mundo, desciende a 28.7% de todo el sistema, cuando la meta es alcanzar 35% al 2024 según el compromiso internacional con las Naciones Unidas y la Ley de Transición Energética.
Sin embargo, tres jueces distintos emitieron suspensiones al Acuerdo A/018//2023 con el que la CRE cambiaba la definición de energía limpia, con lo que queda sin efecto la publicación del gobierno federal, aunque no existe obligación legal de emitir un desmentido o corrección sino que simplemente se mantendrá el Prodesen hasta su nueva publicación del 2024.
Este miércoles los jueces especializados en competencia económica Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro concedieron suspensiones definitivas al acuerdo. La resolución del segundo magistrado tiene efectos generales sobre todas las consecuencias del acuerdo de la CRE.
No se conocieron detalles de la resolución del juez De la Peza, pero en el caso del fallo del magistrado Gómez Fierro, la consideración es que el acuerdo podría ser violatorio de la Ley de Transición Energética del 2015, que establece que la energía generada con el vapor de los ciclos combinados no puede considerarse limpia pues se genera en última instancia con la quema de un combustible fósil, en este caso el gas natural.
“El Prodesen es un instrumento indicativo para el sector eléctrico, pero desde el inicio del sexenio se ha dejado a un lado la planeación, primero por ajustarse a las nuevas visiones, después por meter obras que no estaban consideradas, sacando otras de administraciones anteriores y dejando en la total incertidumbre a los actores del sector para quienes no cambia que se dejen los cálculos falsos, que sólo cree la Secretaría de Energía”, dijo el Víctor Ramírez Cabrera, especialista en el sector energético mexicano.
El analista explicó a El Economista que respecto a los tres procesos que los jueces dieron a conocer: dos de organizaciones no gubernamentales y una empresa, el tribunal colegiado desechó los argumentos de Green Peace, mientras que el otro juicio por daños a la salud se mantiene con una suspensión provisional y la empresa Avant Energías Renovables recibió la suspensión definitiva con efectos generales para que no se aplique el acuerdo A/018//2023 por el cual la CRE pretendía que la energía de ciclos combinados mediante gas natural fuera considerada limpia.
En el caso del amparo para la empresa, el argumento central por el cual buscó y obtuvo la suspensión del acto es que con la nueva política se podrán otorgar certificados de energía limpia (CEL) a todos los ciclos combinados en el país, lo cual inundará el mercado de estos instrumentos que se volverán más baratos para quienes los adquieran como obligación a generadores mediante renovables, quienes no gozarán ya de este incentivo para operar o construir más plantas que generen mediante energía renovable.
A su vez la abogada del sector energético, Miriam Grunstein, explicó que en el sector energético tan politizado y con tantas condicionantes de tiempo y presupuesto, la planeación lleva más el papel de “prosa de políticas públicas”, por lo que rumbo al arranque de las campañas electorales para elegir presidente de la República, que el Prodesen contenga datos falsos -a menos que las sentencias en los juicios de amparo se inclinaran hacia los nuevos ordenamientos del gobierno y contra los quejosos- importará cada vez menos y así se podrá llegar a 2024 con estos cálculos.
“Si no se sabe qué pasará es porque la incertidumbre es hoy el estado orgánico en que se encuentra el sector energético, con un programa de planeación modificado y con datos obtenidos horas antes de su publicación y con alusiones a una transición energética que por otra para va en contra de la Ley de la Industria Eléctrica del propio sector”, dijo Grunstein.