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Proponen reforma fiscal para garantizar recursos en infraestructura
La industria de la construcción detalló que no necesariamente se pretende hacer pagar más impuestos a quienes ya pagan, sino que paguen más personas, porque actualmente “seis de cada 10 empleos son informales”.
En vísperas del proceso electoral, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, consideró que implementar una reforma fiscal e impulsar la coinversión pública-privada son los caminos más cortos para generar un nivel de productividad en el sector que permitan llegar la inversión en infraestructura hasta el deseado 6% como porcentaje del PIB.
“Me queda claro que hoy en día ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República va a hablar a profundidad de la reforma fiscal, pero es indispensable… Estoy seguro que una vez que lleguen cualquiera de los candidatos tendrá que entrar a fondo. No hay dinero que alcance y cuando hablamos de infraestructura, menos”, comentó.
En conferencia de prensa para presentar un nuevo decálogo de propuestas para buscar la reactivación de la construcción, detalló que no necesariamente se pretende hacer pagar más impuestos a quienes ya pagan, sino que paguen más personas, porque actualmente seis de cada 10 empleos son informales.
De acuerdo con el presidente de la CMIC, México registra un muy bajo nivel de ingresos tributarios. Mientras que el promedio de ingresos tributarios respecto al PIB de los países de la OCDE es del 34% y de América Latina y el Caribe es del 21.5%, el de México es del 16.9 por ciento. Además, los conceptos de gasto irreductible (obligatorio) han crecido significativamente en los últimos años, acotando el margen de maniobra del presupuesto federal.
Con base en datos oficiales, se estima que al cierre del presente año los ingresos presupuestarios representen el 21.9% (como porcentaje del PIB), por debajo del 22.2% del año pasado, mientras que el gasto público pasará del 25.6% del año pasado al 26.9% al terminar el 2024.
Otra propuesta que plantean los constructores, como órgano de consulta institucional es: valorar la conveniencia de realizar una reforma integral de pensiones para generar fuentes propias de financiamiento de las pensiones y jubilaciones de modo que se liberen recursos públicos para la inversión en infraestructura y aprovechar los fondos de pensiones para financiar obras estratégicas con fuente propia de repago.
Al margen de periodos de gobierno y colores políticos, en un contexto de ingresos tributarios relativamente bajos, como proporción del PIB, el incremento significativo del gasto en pensiones y jubilación, y del servicio de la deuda pública han impactado los niveles de inversión pública en infraestructura”, consideró el Méndez Jaled.
Las otras propuestas
En su decálogo, la CMIC pone en primer lugar su reiterada petición de incrementar gradualmente la inversión pública hasta ubicarla en 5% o 6% del PIB, destinando la mayor parte de esos fondos a proyectos de infraestructura logística y de transportes, con énfasis de mantenimiento carretero y ferroviario, energética (hidrocarburos y eléctrica), hídrica y de resiliencia ante el cambio climático, urbana (con acento en los sistemas de movilidad), de salud y de educación.
Sobre las coinversiones, se destacó la necesidad abrir a la participación del sector privado el desarrollo de infraestructura energética para complementar la inversión pública en temas fundamentales como la generación de energías limpias, la construcción de centrales eléctricas y redes de transmisión, así como obras de almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
Las 10 propuestas
1. Incrementar la inversión pública en infraestructura hasta el 6% del PIB.
2. Mejorar la rentabilidad de las inversiones públicas
3. Institucionalizar el inicio de licitaciones cuando se apruebe presupuesto de egresos.
4. Elevar la recaudación tributaria, a través de ampliar la base de contribuyentes.
5. Valorar la conveniencia de realizar una reforma integral de pensiones.
6. Realizar una reestructura de la deuda pública y que los ahorros en el servicio se destinen a infraestructura.
7. Abrir al sector privado el desarrollo de infraestructura energética.
8. Convocar al Congreso y gobiernos locales a priorizar los presupuestos para infraestructura.
9. Activar mecanismos transparentes y apegados a la legalidad de la coinversión público-privada.
10. Detonar los mecanismos de potenciación de flujos de la Ley de Coordinación Fiscal.