Proponen reingeniería en compras públicas

El proceso reactivación económica tras la pandemia del Covid-19 debe ir a la par de mejores procedimientos de contratación pública, que, entre otras cosas, brinde oportunidad a las pymes del país para participar y permita al gobierno comprar en condiciones que le generen los necesarios ahorros, por lo que un grupo de expertos en la materia presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el presente año, se estima que México podría invertir poco más de dos billones de pesos en procedimientos de contratación pública y la cifra puede ser mayor si se consideran los gastos adicionales de material médico en que los gobiernos, federal y locales, han tenido que incurrir para atender la emergencia sanitaria. “La actividad económica se va a reducir en los próximos meses, eso implicará que el gobierno recaude menos impuestos y se tendrán más necesidades. En la medida que se compre en condiciones de mejor calidad y precio, el dinero alcanzará para más”, dijo la comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacio

En dicha comisión, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Transparencia Mexicana (TM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa son los promotores del proyecto de ley que se entregó el viernes a los legisladores.

Dos elementos fundamentales en el documento son: la creación del Instituto Nacional de Contrataciones Públicas y de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas (que privilegie el uso de software libre) que permita llevar a cabo todos los procedimientos de forma transparente y cumplir con las obligaciones y disposiciones establecidas.

En conferencia de prensa virtual, Palacios, detalló que luego de varios meses de trabajo conjunto y con las diferentes experiencias se logró elaborar el documento que busca atender diversas áreas de oportunidad y que las circunstancias actuales obligan a actuar.

“Las compras públicas tienen un impacto social y económico enorme, y juegan un papel estratégico en la reactivación económica, sobre todo en las pymes para que puedan venderle al gobierno y reactivarse. En la medida que se compra bien y con oportunidad, los servicios públicos se llevan a cabo de mejor manera y se generan ahorros para el gobierno, que en esta circunstancia son fundamentales”, afirmó.

Se buscan eficiencias

La directora del IMCO, Valeria Moy, manifestó que el tema de contratación pública no es asunto que impacte únicamente al gobierno, porque en la sociedad también repercuten las ineficiencias de algún procedimiento, al que se le puede dar la vuelta de diversas maneras al amparo de la ley (asignaciones directas, por ejemplo).

Y puso como ejemplo el dispositivo de pago en casetas carreteras, TAG, que a pesar de los beneficios potenciales sigue representando un obstáculo por las fallas que suele presentar, situación que sería mejor si la contratación respectiva se realizara de acuerdo con principios de calidad, eficiencia o transparencia, lo que no necesariamente ocurre.

“Es fundamental abrir la puerta a las pymes para que participen en los concursos. Si queremos mayor competencia hay que buscar la forma, quizá unidas, de que estén presentes”.

Por su parte, la coordinadora del Programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, Marina Campos, reiteró la necesidad de generar una política de difusión de todas las etapas que involucra un proceso de contratación, en lo que ayudará el nuevo instituto de contrataciones.

“La llave de todo lo que se plantea es la plataforma, es el secreto de toda nuestra propuesta que permitirá tener una contratación digital que disminuirá la participación física y reduciendo riesgos de corrupción. Hay una disyuntiva:  Se contrata rápido y aumentan riesgo de corrupción y si se hace en los tiempos es muy tardado”, agregó.

De acuerdo con los expertos, el proceso legislativo puede resultar exitoso porque se trata de acciones en beneficio del país y posteriormente podrían hacer un planteamiento parecido respecto a la ley de obra pública, por ahora, dijeron: han dado un gran paso.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx