Reforma a Ley de Amparo debilita acceso a la justicia: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la reforma a la Ley de Amparo que busca evitar que jueces frenen obras públicas va en detrimento del principio de progresividad de los derechos humanos, debilita el acceso a la justicia y afecta la competencia económica.

Luego de haber solicitado al Congreso no aprobar los cambios que debilitan los derechos colectivos, el CCE sostuvo que dichas reformas reducen las facultades del juez para otorgar las suspensiones, cuando se aleguen razones de interés social y de orden público.

“Sin esta medida las violaciones se podrían extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el amparo”, expuso.

El CCE explicó que en muchos casos un amparo sin suspensión no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales, además de desconocer los derechos colectivos y amenazar la eficacia de las resoluciones judiciales.

Las modificaciones a la Ley de Amparo pretenden impedir el otorgamiento de suspensiones en los casos que expresamente se señalen en la ley, por considerar que son supuestos que pueden causar afectación al orden público.

También la Coparmex calificó como una “regresión” a la modificación de la Ley de Amparo, y se pronunció porque se enfoque en cuestiones jurídicas para garantizar el respeto de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto; “insistimos en que se debe profundizar y ampliar la garantía de derechos, no promover regresiones”.

Los cambios a la Ley de amparo pone en riesgo los derechos colectivos, la eficacia de las resoluciones judiciales y restringe la discrecionalidad judicial, impidiendo un análisis ponderado de los casos en beneficio del orden público e interés general.

El juicio de amparo es un recurso legal que permite que los gobernados puedan impugnar la constitucionalidad de leyes, actos administrativos y sentencias judiciales que consideren que vulneran sus derechos fundamentales.

El CCE sentenció que hacia el futuro, los cambios podrían generar que se incremente el listado de asuntos en los que no puede concederse una suspensión, no obstante que con ello se afecte a la colectividad.

De ser puesta en marcha, se limitaría la posibilidad para que los órganos jurisdiccionales otorguen una suspensión provisional o definitiva con efectos generales en los juicios de amparo que se interpongan en contra de leyes que se expidan por el Congreso de la Unión o de los Estados, es decir, se pretende limitar la facultad de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos generales.

“La efectividad de la suspensión ha sido crucial para proteger derechos fundamentales en casos de violaciones graves, como violaciones a la libertad de expresión, discriminación o restricciones injustas a la libertad de asociación”. Por ello, la Coparmex reiteró la importancia de preservar la integridad del sistema jurídico y evitar que las reformas se vean influenciadas por intereses políticos.

“La Constitución es la norma de mayor jerarquía en el orden jurídico y todas las leyes y acciones del Estado deben estar en conformidad con sus principios”, expuso el sector patronal.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx

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