Reforma energética: incongruencia del impuesto verde

México quiere convertirse en el primer país emergente productor de petróleo en introducir impuestos a las emisiones de carbono, pero su plan tiene un problema: choca con su propia necesidad de reducir el costo de la electricidad y de producir más energía.

Los impuestos a las compras de combustibles fósiles, con los que el Gobierno quiere recaudar unos 22,000 millones de pesos al año (1,676 millones de dólares), son parte de una reforma fiscal enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso.

Aunque le darían un poco de impulso a la débil recaudación tributaria, los impuestos al carbono subirían los costos de producción e importación de productos refinados y gas natural de Pemex, que con la Comisión Federal de electricidad (CFE) son los mayores emisores de carbono.

Y no sólo tocaría al Estado. El sector industrial, que consume en una gran mayoría combustibles fósiles para elaborar sus productos, tendría que cargar con el tributo y trasladaría, según fuentes del sector, al consumidor final los costos generados por los impuestos.

"Eso lo único que te produce son generación de tarifas de luz más caras mientras no tengamos una reforma energética (...) que permita agendar electricidad a través de otros métodos distintos", dijo Jorge Villalobos, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), que ha propuesto una apertura total del capital privado al sector eléctrico.

La reforma fiscal fue presentada un mes después de un proyecto de reforma energética, que aspira a atraer multimillonarias inversiones privadas al sector.

En el plan tributario, que también apunta a reducir la pesada carga fiscal que tiene Pemex sobre sus espaldas, se propone gravar el gas natural, propano, butano, las gasolinas, la turbosina, el diesel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón y el carbón mineral.

Pese a que durante su campaña presidencial el año pasado Peña Nieto ofreció bajar los precios de la electricidad, los costos de energía para la industria aumentaron 7.4% con respecto al 2012, según datos de la CFE.

Y subirían otro 4% con los nuevos impuestos, según una estimación del Consejo Coordinador Empresarial, el organismo líder de los hombres de negocios de México.

Teniendo en cuenta los sectores empresarial, residencial, agrícola y de servicios, los precios de la electricidad, han subido a un promedio anual del 8.7% en los últimos 13 años, según cálculos de Reuters basados en datos de la Secretaría de Energía.

Desde el 2000, el precio del kilowatt (kw) en México se más que duplicó, en parte por los fluctuantes precios del gas que tiene que importar de distintas partes del mundo.

A pesar de que México produce energía de fuentes renovables, su participación en la capacidad total de generación en el país es pequeña: de total de 53,000 Megawatts (Mws), la energía solar, la eólica, la geotérmica y la hidroeléctrica aportan en conjunto menos del 25 por ciento.

Un servicio eléctrico más barato bajaría los costos de las industrias y haría las exportaciones más competitivas, además de beneficiar al propio Gobierno, que subsidia las tarifas de los hogares y del agro.

¿ELECTRICIDAD MAS BARATA? IMPOSIBLE

Pero los nuevos impuestos no ayudarían hacia el objetivo de electricidad más barata.

La propuesta está basada en el contenido de dióxido de carbono (C02) que contienen 10 combustibles utilizados para generar energía en un país que depende en su mayoría del crudo y el gas natural. El combustible más contaminante pagaría más.

Después de Pemex y la CFE, la industria pesada y el sector transporte son los principales consumidores de combustibles fósiles en México, y algunos ya están protestando por la idea.

"Ningún país en desarrollo ha implementado exitosamente impuestos a las emisiones de carbono y no hay razón para que México deba adelantarse a adoptar un gravamen de esa naturaleza que resta competitividad", dijo hace poco Abel Ayala, director de Finanzas de una subsidiaria minera de la acerera AHMSA, una de las más importantes del país.

"México es un país en vías de desarrollo que no está obligado en el corto plazo a hacer reducciones en el índice de CO2, cuyas emisiones per cápita en nuestro país están por debajo de la meta a la que muchas naciones aspiran al año 2050", acotó.

Más de 30 países han adoptado impuestos al carbono y el Consejo Coordinador Empresarial proyecta una recaudación de 26,600 millones de pesos (2,000 millones de dólares), un poco más optimista que el Gobierno.

Si llegara a generar ese monto, los impuestos equivaldrían al 0.17% del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, lo que se compara con el 0.05% del PIB que captan en el Reino Unido y el 0.70 por ciento en Suecia.

"Este tipo de impuestos no son económicamente eficientes porque hace a la industria menos competitiva", dijo Rafael Ch, un economista del centro de estudios CIDAC.

"Hay algún tipo de esquizofrenia en el Gobierno. Por un lado quieren fomentar un nuevo mercado de la energía, pero por otro lado están proponiendo impuestos que podrían socavar ese nuevo mercado", añadió.

Los nuevos tributos contemplados en la reforma fiscal restarían incentivos para seducir a los privados al negocio de la generación eléctrica, como propone la reforma energética. La iniciativa hacendaria abarca al combustóleo, que es utilizado para generar 16% de la electricidad en México.

Pero simpatizantes de los impuestos dicen que se debe ver más allá de la coyuntura y apreciar los beneficios ambientales y de incentivo de largo plazo para elevar el uso de energías renovables que esta medida podría traer.

"Una de las virtudes, si no es que la mayor virtud de esto es que se está gravando un mal, que son las emisiones de carbono", dijo Juan Carlos Belausteguigoitia, director ejecutivo del Centro Mario Molina, que promueve la protección del medioambiente y el desarrollo sustentable.

"Es muy importante que esto se vea de largo plazo. La respuesta de los agentes económicos a este tipo de medidas depende mucho de si las perciben de largo plazo o no", subrayó.

FUTURO INCIERTO

Sumando una contradicción más, México gasta más en subsidiar al transporte y a los consumidores de energía eléctrica de lo que se prevé recaudar con el impuesto al carbono.

El subsidio a las gasolinas, una medida concebida para controlar la inflación, tiene un costo promedio de 3,500 millones de dólares al año aún a pesar de que el precio va aumentando ligeramente cada mes.

Miriam Grunstein, especialista en energía del centro de investigación CIDE, no ve sentido en que el Gobierno quiera recaudar impuestos sobre el carbono y controle los precios al mismo tiempo.

"Tendría sentido en Estados Unidos, donde tienes una increíble sobre oferta de combustibles, pero México tiene una escasez de gas natural", dijo Grunstein.

Si la propuesta prospera, alrededor de 10% de los "impuestos verdes" provendría del gas natural -que se usa actualmente para generar alrededor de la mitad de la energía eléctrica del país- en base a cálculos de José Ramón Ardavín, un analista del Consejo Coordinador Empresarial.

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