Secretaría de Energía oficializa giro en política eléctrica que limita energías renovables

Tras forcejeos que incluso habrían llevado a la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la Secretaría de Energía (Sener) oficializó un giro en la política eléctrica nacional, lo que le faculta para limitar el despacho energía renovable, que en México es producida principalmente por operadores privados.

Hoy, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Sener publicó el acuerdo por el que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que remplaza a los lineamientos emitidos en febrero del 2017, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, y establecen nuevas directrices para el despacho de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La Sener que encabeza Rocío Nahle, intentó publicar dicho acuerdo durante esta semana, pero la Secretaría de Gobernación, responsable del DOF, había rechazado la solicitud argumentando que la publicación de los lineamientos ameritaba presentar, como requisito, una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), de la que carecía la Sener.

En esa virtud, la Sener solicitó a la Conamer –instancia encargada de ponderar los costos y beneficios de los proyectos de política pública–, que dispensara la realización de la MIR debido a la contingencia sanitaria, esto para dar celeridad a la publicación de la nueva regulación y así evitar convocar a una consulta pública sobre la misma, lo que hubiera permitido a los interesados y afectados manifestar sus opiniones.

Horas antes de la publicación del acuerdo de la Sener, César Hernández Ochoa anunció en su cuenta de Twitter su renuncia a la titularidad de la Conamer, sin explicar el motivo, no obstante, especialistas del sector energético opinaron a través de sus cuentas en la red social que la razón había sido su desacuerdo con el empeño de la Sener de publicar su nueva política sin realizar antes la respectiva MIR.

“Hoy el gobierno mexicano terminó por aplastar el Estado de Derecho. México se pone, de facto, como el país que repudia la transición energética y el Acuerdo de París. Los jueces se van a dar un festín con toda la evidencia que existe para que puedan sin problema otorgar amparos”, opinó en su cuenta el especialista Victor Ramírez.

Como antecedente, la semana pasada el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) –instancia encargada de gestionar el SEN– publicó un acuerdo de emergencia (por instrucciones de la Sener), que le permitía limitar el despacho eléctrico de energías renovables para dar prioridad a las centrales eléctricas fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La justificación de la Sener es mantener la confiabilidad del sistema eléctrico en el contexto de la actual contingencia sanitaria por el Covid-19, bajo el argumento de que las centrales que generan energía renovable son intermitentes y no pueden garantizar un abasto continuo, a diferencia de las centrales que utilizan fuentes fósiles (must run), que pueden encenderse en cualquier momento.

La Sener arguyó que se trataba de una medida de carácter temporal, mientras durara la contingencia sanitaria. No obstante, en opinión de especialistas como Paul Alejandro Sánchez Campos, director general de Ombudsman Energía México, el acuerdo finalmente publicado por la Sener en el DOF, tiene la finalidad de que lo expresado previamente por el Cenace “ya no sea temporal, sino permanente”.

Para el abogado del sector energético, Santiago Arroyo, al concretarse la publicación de la nueva política de la Sener, “comienza la cuenta regresiva para la formulación de los juicios de amparo indirecto tanto por integrantes del mercado eléctrico, como por consumidores y usuarios. Así como procesos internacionales y quizá, también procesos de responsabilidad”.

Ayer mismo, las representaciones diplomáticas de la Unión Europea y de Canadá enviaron sendas misivas a Rocío Nahle, secretaria de Energía, solicitándole ser escuchados para externarles sus preocupaciones por los cambios en la política energética del país, que ponen en jaque millones de dólares de inversiones en proyectos de energía renovable de empresas europeas y canadienses.