Televisa, AT&T y la Canieti exigen venta de Telmex a distintos dueños

Televisa, AT&T y la cámara de las telecomunicaciones exigieron la partición de Teléfonos de México (Telmex) en dos empresas separadas, independientes una de otra y con dueño distinto como única medida para que en el mercado de servicios masivos y mayoristas de carácter fijo se origine una competencia y concurrencia efectiva de operadores.

Estos tres actores por separado acusaron que la política regulatoria para disminuir el acaparamiento de mercado de Telmex en los segmentos de internet y telefonía fijos ha resultado insuficiente y con deficiencias. Si bien la regulación ha tenido actualizaciones cada bienio con el fin de generar oportunidades para todas las marcas del mercado, consideraron que es insuficiente.

Al tercer trimestre del año 2022, la empresa Teléfonos de México atendía al 41.09% del mercado de Internet de banda ancha fijo y al 39.3% del negocio de la telefonía fija, todo a nivel nacional.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indicó hace casi una década que la posibilidad de ordenar la separación estructural de Telmex sería siempre considerada si se identifica que en el mercado de las telecomunicaciones existen vicios que afecten la competencia.

Grupo Televisa, a través de su marca Operbes, AT&T México y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información —que agrupa a más de un millar de compañías de todo México— coincidieron, a través de distintos documentos enviados al IFT como parte de una consulta pública, que Telmex ha aprendido a vivir como agente económico preponderante de cara a una década con esa denominación, dejando disponible por mandato regulatorio la posibilidad de que terceras compañìas accedan a su infraestructura pasiva para conformar nuevas ofertas de servicios para el consumidor, pero complicando en la práctica dicho acceso.

La consulta se llamó “Consulta Pública de Integración sobre el impacto en términos de competencia de las medidas impuestas al agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones”, estuvo abierta del 1 de febrero al 30 de marzo; se recibieron 12 opiniones, algunas en grupo, como la de Canieti. La consulta no es vinculante; sirve como insumo para la toma de decisiones del regulador.

Las empresas acusan que Telmex ha sido reacio en presentar la información técnica y de costos relacionada con accesos a infraestructuras como fibra óptica, ductos o enlaces dedicados, y cuando Telmex ha proporcionado dichas ofertas de referencia para accesos de algún tipo a su red, no ha sido veloz en resolver los procedimientos, por lo que la compañia estaría incumpliendo con los criterios de no discriminación y compartición efectiva de su infraestructura ordenados por el IFT, vulnerando entonces la libre competencia del mercado.

Los demandantes reconocieron el intento del IFT por ensanchar la competencia y concurrencia en las telecomunicaciones fijas, primero con la disposiciòn de una política regulatoria en 2014 a la que sujetó a Telmex, después con la separación funcional que esta autoridad reguladora ordenó en 2018 ante los escasos resultados de la regulación asimétrica en su primera versión.

Por hora, ante lo que consideraron como escasos resultados de la política del IFT, dijeron que el único camino para aumentar la competencia está en que el regulador ordene la separación estructural de Telmex, lo que significa la venta de la empresa Red Nacional Última Milla, creada en 2020 tras el mandado del IFT para la separación funcional.

Ese mandato significó entonces que del brazo mayorista de Telmex se conformaría una nueva empresa que explotaría la infraestructura pasiva de esta telefónica, con nombre y marca propias y gobierno corporativo independiente, pero con el mismo dueño: América Móvil.

Televisa, AT&T México y la Canieti aseguraron que la separación estructural permitirá, además de un nuevo o nuevos actores interesados en la operación de esa infraestructura, que el acceso efectivo a insumos pueda crear nuevos productos y servicios al consumidor, aun cuando esa orden tardaría años en ejecutarse.

Las compañías no hablaron del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) que ya se ha amparado contra la figura de la separación funcional y que ha amagado con otras acciones ante una eventual separación funcional y con un regulador como el IFT que es dirigido por cuatro de comisionados y con existencia continuamente atacada por el Ejecutivo federal.

“Se recomienda al IFT ordenar la separación estructural de Telmex como única alternativa disponible para resolver los problemas de competencia del sector. La implementación de esta medida generaría excedentes para los consumidores en el largo plazo, derivados de mayor innovación y un mercado más competido en favor del interés público, compensando los costos asociados a la logística de la separación de administración y propiedad del agente económico preponderante en el corto plazo.

Esta medida ha sido implementada con éxito en países como la República Checa y otros mercados latinoamericanos, generando resultados positivos en términos de competencia y atracción de inversiones”, dijo la Canieti en la consulta del IFT.

“Después de nueve años de la emisión de las primeras medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia, y sin que aún existan condiciones de competencia en el mercado de las telecomunicaciones o de que se esté cerca de conseguirlo, imponer una medida relacionada con la separación estructural se considera razonable”, acompañó AT&T.

“La separación estructural podría generar múltiples beneficios para todos los actores del mercado de telecomunicaciones, incluida la eliminación de barreras para compartir infraestructura, una mayor competencia en el segmento minorista y la reducción de los costos de verificación y penalización del órgano regulador”, dijo Televisa.