ICC México recomienda independencia para organismos que sustituirán a reguladores energéticos y autónomos

Rumbo a la discusión que inicia este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados de las reformas constitucionales para la “simplificación administrativa” que quitan autonomía a los órganos autónomos y a los reguladores del sector energético, la International Chamber of Commerce México (ICC México) presentó sus recomendaciones para guiar el desarrollo y funcionamiento de los nuevos organismos que se conformen, privilegiando la competencia e independencia de intereses fácticos tanto privados, como públicos.

“La implementación de estas recomendaciones será clave para asegurar que México continúe avanzando hacia un entorno de mercado más competitivo, transparente y justo para todos, protegiendo así el bienestar de los consumidores y fomentando la innovación”, refirió en sus recomendaciones dirigidas al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Entre las ocho recomendaciones planteadas, el organismo subrayó la importancia de que la autoridad opere de manera independiente en un sentido técnico, para lo que se debe asegurar una estructura, operación y presupuesto que garanticen su autonomía técnica, permitiendo así decisiones imparciales y basadas en las pruebas y análisis de mercado que se realicen de forma profesional por personal con capacidad y experiencia en la materia.

Para ello, consideró que un cuerpo colegiado, compuesto por personas que hayan demostrado de manera fehaciente y pública una amplia experiencia y conocimientos en la materia, y que cuenten con nombramientos de al menos siete años, contribuiría a garantizar la independencia técnica de cada institución.

También “es fundamental definir con claridad los objetivos de la autoridad, que debería estar enfocado a la protección del proceso de competencia económica en nuestro país y sus efectos sobre el bienestar de los consumidores”, explicó, esta claridad orientará las decisiones y la priorización de casos, asegurando que las acciones de la autoridad estén alineadas con sus metas establecidas.

Igualmente, para evitar sesgos en el análisis de casos y asegurar un proceso justo, recomendó la separación interna de las funciones de investigación y adjudicación, promoviendo así la objetividad y equidad en la resolución de casos.

También detalló que la autoridad debe seguir operando con altos niveles de transparencia en sus procesos y toma de decisiones. “Esta transparencia no solo aumentará la legitimidad percibida, sino que también actuará como una defensa contra influencias externas indebidas”.

Para ello, los controles y protocolos para el contacto con servidores públicos deben de conservarse y reforzarse.

A su vez, la colaboración con reguladores sectoriales será esencial para alinear políticas de competencia y regulación, evitando conflictos y duplicación de esfuerzos.

Destacó también la necesidad de una flexibilidad organizativa que permita a la autoridad adaptarse a cambios en el entorno económico y legal, respondiendo a nuevos desafíos y oportunidades, particularmente ante los retos que representa la economía digital y para lograr esto, será indispensable contar con un presupuesto adecuado y estable asegurando la independencia financiera de la autoridad.

Finalmente, sugirió establecer mecanismos de evaluación y mejora continua en los nuevos organismos que se integrarán a la estructura de distintas secretarías.

“La propuesta de ICC México busca fortalecer el sistema de competencia económica en el país mediante la creación de una autoridad autónoma, capaz de operar con independencia, imparcialidad y eficacia”, concluyó, “ICC México reitera su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que contribuyan al crecimiento económico, la confianza en las instituciones y el progreso social, y se pone a disposición del Congreso para seguir colaborando en la construcción de un marco legal que impulse la competitividad y la equidad en el país”.

En términos generales, el dictamen de la iniciativa que analizan en el Congreso de la Unión modifica diversos artículos de la Constitución para extinguir los siguientes órganos de gobierno y trasladar sus funciones a dependencias de la Administración Pública Federal, que dependen del titular del ejecutivo federal: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que son autónomos y rinden cuentas directamente al Congreso; los siguientes órganos reguladores del sector energético: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), además de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Sistema para la Mejora Continua de la Educación.

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