Lanzan covocatoria para testigos sociales en licitaciones

La Secretaría de la Función Pública (SFP) lanzó esta semana la convocatoria en turno para seleccionar personas físicas y morales interesadas en ser testigos sociales de procesos de licitación pública, que en el segundo piso de la 4T serán llamados “Guardianes del gasto público”. 

La dependencia busca “personas honestas y comprometidas”, además de ampliar el padrón actual, en el que participan: la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, la Academia de Contratación Pública de México, Gobernanza, Desarrollo y Transparencia Institucional, la Academia de Ingeniería y la ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, entre otros. Una organización referente en la figura de participación ciudadana es Transparencia Mexicana.

En la promoción que se hace de la misma, por ejemplo, en YouTube, se plantea a la audiencia: ¿Te gustaría ser un guardián del gasto público y contribuir al uso correcto de nuestros recursos? Tú puedes convertirte en testigo social para supervisar el uso del gasto público en la compra de bienes y la contratación de servicios que realiza el gobierno de México. Los testigos sociales son ciudadanos como tú que apoyan a la SFP en garantizar mayor transparencia.

Sin embargo, en la realidad el proceso de selección no es tan simple como pareciera. Uno de los requisitos planteados es contar con experiencia laboral mínima de tres años en áreas de contrataciones públicas reguladas por las leyes correspondientes.

Además de la documentación básica y acreditar un curso que ofrecerá dependencia, los “Guardianes del gasto público” deben “presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale que se abstendrá de participar en contrataciones públicas en las cuales pudiese existir conflicto de interés, por tener vinculación académica, de negocios o familiar con las personas licitantes o personas servidoras públicas que intervengan en las mismas”. El registro de los aspirantes es del 4 al 15 de noviembre y la fecha máxima de notificación es el 20 de noviembre.

Los testigos sociales

De acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las licitaciones públicas que rebasen el diez millones de Unidad de Medida y Actualización (UMA) deberán incluir un testigo social que acompañe el proceso, mientras que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pública refiere que se deben asignar cuando el monto rebase el equivalente de cinco millones de UMA.

Lo anterior no aplica en procesos que tengan la categoría de seguridad nacional

Una vez designado el testigo social por la Secretaría de la Función Pública con base en su padrón, éste será contratado por las dependencias y entidades conforme a la normatividad vigente y al final de las licitaciones deberán rendir un detallado informe de su labor, incluidas las observaciones que se hicieron durante la licitación para garantizar total transparencia y un mejor ejercicio del gasto público.