Reactiva gobierno mexicano procedimiento para declarar Calica como área natural protegida

Cancún, QRoo.- El gobierno de México inició la consulta pública para la creación de una nueva Área Natural Protegida (ANP) en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, la cual incluye la mina Calica y la reserva territorial que pertenece a la empresa Vulcan Materials en la zona de Punta Venado (Playa del Carmen), a la cual acusan de causar una "catástrofe ecológica".  

Se trata del inicio del procedimiento legal para declarar reserva natural un total de 53,227 hectáreas bajo la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, con el nombre de Felipe Carrillo Puerto.  

Esta nueva ANP representa prácticamente una cuarta parte de la extensión territorial del municipio de Solidaridad, donde se extiende el 96.28% del total de la reserva; el restante 1.91% se encuentra en Cozumel y otro 1.81% en Tulum, según se lee en el estudio justificativo en el cual se basará el decreto para crear esta nueva reserva natural. 

De este total, un pequeño porcentaje (4.4%) corresponden a las 2,387 hectáreas divididas en cuatro predios que pertenecen a la trasnacional Vulcan, propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica) y del muelle Punta Venado, desde donde embarcaban hasta el año pasado el material pétreo extraído del subsuelo mexicano para exportarlo a la Unión Americana. 

Según se lee en el estudio justificativo consultado por El Economista, el impacto de las actividades extractivas en la mina Calica ha llegado a tal grado que “se han expuesto nueve cuerpos de agua tras la remoción de la vegetación y la roca caliza, mientras que el polígono La Dársena de la propuesta de ANP funciona como sitio para el resguardo de banco de material y puerto marítimo.

Se añade que “los impactos de aprovechamientos de materiales pétreos mayores se relacionan con desabasto de aguas y modificación de los flujos subterráneos. Con la modificación de las corrientes del sistema subterráneo y el manto freático, existen diferentes implicaciones en las dinámicas hidrológicas y la calidad de sus aguas”. 

Se espera que antes de que concluya la administración de López Obrador se finiquite la declaratoria de ANP, pues así lo dio a entender el propio presidente en su conferencia matutina de esta misma semana. 

“Hicimos todo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa Vulcan. No están bien asesorados, creo que les afecta el tener abogados mexicanos muy acostumbrados a la transa y están pensando que pueden, una vez que ya no estemos nosotros, recuperar sus fueros, cuando está de por medio la destrucción del territorio. 

“Ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva, porque es mucho el daño”, dijo el martes 16 de julio. 

Origen y desarrollo del pleito

Esta narrativa de acusaciones por daño ambiental contra Vulcan y la mina Calica se remontan a 2021, cuando el gobierno mexicano comenzó a ser señalado por la devastación de la selva que implicó el trazo y construcción de la vía del Tren Maya en Playa del Carmen y Tulum. 

A manera de defensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador contraatacó a sus detractores llamándolos “pseudoambientalistas” por no haber actuado nunca contra el “desastre ecológico” que supuso por más de tres décadas la operación de la mina Calica, a la cual también acusó de la “destrucción del territorio nacional”. 

Estas acusaciones vinieron acompañadas de acciones legales como la clausura de la mina Calica en 2022 y del puerto Punta Venado. 

Sin embargo, Vulcan Materials ya había iniciado desde 2018 un litigio internacional, derivado de medidas en su contra tomadas por distintos órdenes del gobierno mexicano que se inician desde 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo del predio La Adelita, uno de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. Dicho cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en ese predio, que es su principal giro económico desde su llegada México en 1986.

El segundo acto de gobierno es la imposición de impuestos por el movimiento portuario en el muelle de Punta Venado en 2014, desde donde embarcaban y movilizaban la piedra triturada que exportaban a Estados Unidos.

La clausura en 2022 de otro de sus predios, La Rosita, en mayo de 2022, sumó un nuevo componente al litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. 

Aunque el presidente López Obrador pidió de manera pública en sus conferencias desde Palacio Nacional a Vulcan Materials abstenerse del arbitraje internacional contra México a cambio de un acuerdo de compra de sus tierras, el litigio siguió su curso y el 11 de julio de 2022, el Ciadi autorizó a la empresa la presentación de una reclamación adicional, mediante el cual la tras-nacional exige al gobierno mexicano una indemnización de 1,900 millones de dólares. 

El pasado 29 de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habían reiniciado los acercamientos con Vulcan para intentar llegar a un acuerdo de compra sobre las 2,400 hectáreas que esta empresa posee en Playa del Carmen, por un total de 6,500 millones de pesos. 

Sin embargo, apenas el pasado 27 de mayo de este año, Vulcan emitió un comunicado en el que asegura que lo ofrecido por el presidente mexicano es insuficiente en relación al costo comercial de las reservas de material pétreo que la empresa posee en Playa del Carmen. 

“En ningún momento hemos recibido una ‘oferta generosa’ para comprar nuestra propiedad. Se nos entregó un avalúo informal, sin firmas y sin detalles, que subvalora sustancialmente nuestros activos, incluyendo las reservas de piedra caliza de las que somos dueños conforme a la ley mexicana, así como el único puerto de calado profundo en la región.

“No renunciaremos a nuestras inversiones y trabajo, menos aún, por un valor nominal alejado de la realidad e impuesto unilateralmente por el Gobierno de México”, concluye el posicionamiento de la empresa.