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Se asignaron directamente 80% de compras del estado
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que este porcentaje debe realizarse por medio de un concurso de licitación.
Cancún, QR. Durante la administración de Roberto Borge Angulo se ignoró la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asignando de manera directa más de 80% de las compras de gobierno y arrendando oficinas a sobreprecio, además de contratar asesores sin una función justificada, con sueldos de más de 50,000 pesos mensuales por cada una de las 16 secretarías estatales.
Así lo reveló el oficial mayor del Gobierno de Quintana Roo, Manuel Alamilla Ceballos, quien dijo que en el mandato de Carlos Joaquín González se ha intentado poner orden en los gastos gubernamentales y, al día de hoy han logrado ahorros de más de 18 millones de pesos, sólo en arrendamiento de oficinas en dos municipios: Othón P. Blanco y Benito Juárez.
Sin embargo, agregó que aún resta por emitir un reglamento estatal de adquisiciones de gobierno, pues durante la administración anterior se ignoró la ley vigente, la cual dicta que 80% de las compras gubernamentales deben hacerse por medio de un concurso de licitación, pero se hizo todo lo contrario, es decir, más de 80% se hacían por asignación directa y el restante se concursaban entre diversas empresas.
Cabe recordar que hay acusaciones contra el gobierno anterior de favorecer a empresas cercanas a exfuncionarios. Uno de esos casos es la reciente recesión de contrato a la empresa Promotora NC, a la cual se le asignó la construcción del Hospital de Oncología para la ciudad de Chetumal en el 2014, pero en dos años apenas edificó menos de 30% del total, a pesar de que el gobierno ya le había pagado 70 millones de pesos, de un total de 335.8 millones que costaría la obra.
Alamilla Ceballos expresó que éste y otros casos detectados son materia de la Secretaría de la Gestión Pública, por lo cual evadió abundar en detalles.
Contrataciones
El oficial mayor explicó que también se detectaron una gran cantidad de contrataciones por honorarios con sueldos exorbitantes que no se correspondían con la función ni el nivel del personal contratado bajo esta modalidad.
En total, expuso, se han detectado 200, los cuales fueron cancelados apenas arrancó el actual gobierno de Carlos Joaquín.
Encontramos personas que cobraban en una dependencia, pero laboraban en otra o dependencias que dejaron de desempeñar sus funciones porque no había personal llevarlas a cabo , indicó.
En el tema de la renta de oficinas, Manuel Alamilla manifestó que se encontraron edificios por lo que se pagaba un sobreprecio, pero que además no tenían un uso justificado.
Adelantó en este rubro que el gobierno del estado está preparando una herramienta de transparencia conocida como Mercado de arrendamiento público, a través de la cual se pondrá a disposición de la ciudadanía toda la información del gasto público que se aplica en arrendamiento de inmuebles, desde quién, dónde y a cuánto nos arrendan , además de que se transparentarán los procedimientos de asignación de los contratos de renta, para aquellos que quieren ofrecer edificios al gobierno del estado o cualquier de sus órganos dependientes.