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Gobierno de la Ciudad de México presenta iniciativa contra la extorsión
Con reformas al Código Penal y un modelo de concientización, el gobierno capitalino busca reducir los casos de extorsión que afectan a ciudadanos y comerciantes.
El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer una iniciativa para combatir el delito de extorsión, con un enfoque particular en los comercios, señaló hoy en conferencia de prensa la jefa de Gobierno, Clara Brugada, asegurando que no dará tregua en el combate, con una estrategia integral conformada por acciones legislativas, así como una campaña informativa.
La extorsión en su modalidad de "gota a gota" ha sido particularmente dañina, este esquema de préstamo con cobros de intereses desmesurados, bajo amenazas constantes, genera un círculo vicioso de deuda que estrangula a los pequeños negocios, muchos de los cuales terminan cerrando o cayendo en insolvencia, ampliaron autoridades.
La propuesta del gobierno capitalino incluye reformas al Código Penal y será enviada al Congreso local esta semana, con el objetivo de endurecer las penas por extorsión, que pasarán de 10 a 15 años de prisión; se prevé que las nuevas normativas incluyan agravantes específicas para la extorsión relacionada con negocios o hecha por funcionarios y exfuncionarios, además de la modalidad presencial y virtual.
Centro Histórico, foco rojo
Las autoridades también identificaron áreas donde hay mayor incidencia de este delito, “vamos a intensificar, el lanzamiento de esta campaña desde luego tendrá como una de sus prioridades el Centro Histórico, por ser una de las zonas con la mayor intensidad de actividad comercial, y por ello más susceptible a la presencia de este tipo de delitos”, señaló Pablo Vásquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana.
Las reformas planteadas pretenden modificar el Código Penal para que la extorsión no sea vista como un delito que afecta el patrimonio, sino también como una amenaza que pone en riesgo la integridad física y psicológica de las personas. Las nuevas disposiciones permitirán que la extorsión se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, lo que facilitará la acción de las autoridades en casos de este tipo.
Se crearán los artículos 148 quater y 148 quinquies en el Código Penal para definir claramente los delitos de extorsión y cobranza ilegítima, respectivamente, con penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), con el objetivo de evitar que los responsables puedan acceder a la libertad bajo fianza, cerrando así la puerta a la impunidad que ha permitido que estos delitos proliferen en los últimos años, detalló Eréndira Cruzvillegas, consejera jurídica del gobierno capitalino
La iniciativa del gobierno incluye un modelo de atención a las víctimas de extorsión, que contempla medidas inmediatas para proteger a los negocios y sus propietarios, como la instalación de botones de pánico en los comercios, la instalación de cámaras de seguridad y la aplicación del programa "Policía en mi Negocio", que reforzará la vigilancia a través de rondines frecuentes y presencia policiaca en los puntos más vulnerables.
Como parte de la estrategia preventiva, se realizarán más de mil talleres y pláticas dirigidas a redes vecinales, empresarios y comerciantes, con el fin de capacitarlos sobre cómo actuar ante situaciones de extorsión y cómo coordinarse con las autoridades. Estos talleres también estarán acompañados por una campaña de difusión masiva, bajo el lema "Juntas y juntos contra la extorsión", que se desplegará en medios de comunicación, carteles y trípticos distribuidos en las zonas comerciales más afectadas.
Las autoridades también señalaron la creciente preocupación por la extorsión virtual, que no requiere la presencia física del delincuente, Vázquez Camacho advirtió que este tipo de extorsión, que se realiza a través de listados telefónicos obtenidos desde las cárceles, también es un tema prioritario; para combatirla, el gobierno capitalino trabajará en colaboración con la Secretaría de Marina para realizar revisiones aleatorias en los centros penitenciarios y mejorar los inhibidores de señal telefónica en los penales de la ciudad.