Con Rusia fuera del Consejo de Europa, ¿qué será de los derechos humanos de sus presos?

El Comité de Ministros del Consejo de Europa decidió la expulsión de la Federación Rusa el 16 de marzo en respuesta a la invasión militar de Ucrania. Aunque el ministro de Exteriores ruso había anunciado que su país ya no participaría en el Consejo de Europa según la forma prevista en el artículo 7 de su estatuto, el Comité de Ministros del Consejo de Europa se adelantó aplicando el artículo 8, que le permite expulsar a un país miembro que infrinja gravemente lo dispuesto en su artículo 3: el reconocimiento de los principios del Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de la colaboración sincera en los objetivos de esta organización.

De esta manera, y tras 26 años, la Federación Rusa ha dejado de ser uno de los hasta entonces 47 miembros del Consejo de Europa. Hasta el momento, solo había un precedente: la retirada de Grecia en 1969 tras el golpe de estado de los coroneles, aunque volvió a reincorporarse en 1974 con la restauración de la democracia.

Cuatro años después de la finalización de la II Guerra Mundial se constituyó el Consejo de Europa mediante el Tratado de Londres, suscrito el 5 de mayo de 1949. Era la primera vez que en Europa surgía una organización que agrupaba a los países democráticos con el objetivo de salvaguardar y promover los ideales y principios comunes, favorecer su progreso económico y social y salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Sobre la base de unos valores europeos compartidos se adoptó en 1950 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Este tratado, norma vinculante para todos los Estados miembros del Consejo de Europa, es la norma fundamental para la protección de los derechos civiles y políticos en el territorio de los Estados miembros. También de las personas privadas de libertad.

Precisamente para la protección de esos derechos, el Convenio prevé la existencia de un órgano judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con jurisdicción en toda Europa. Este tribunal es competente para resolver las demandas presentadas por cualquier persona que se considere víctima de una violación de sus derechos por parte de un Estado miembro. Si el tribunal entiende que así ha sido, condena al Estado y, en su caso, determina una reparación para el demandante.

Rusia y Turquía, los países más condenados

Rusia es, después de Turquía, el país que tiene más sentencias condenatorias del tribunal: 2 943. También en el ámbito de la prisión, Rusia atesora un importante número de condenas por vulneraciones de derechos en sus cárceles. Son muy numerosas las violaciones de la prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes por las condiciones de sobreocupación, hacinamiento, falta de espacio e insalubridad de sus cárceles.

También ha sido condenada por no haber dado una atención sanitaria adecuada en prisión, por no investigar denuncias de maltrato, por el uso de la fuerza o del aislamiento en celda o por el uso sistemático de esposas en condenados a cadena perpetua sin una justificación suficiente.

Igualmente ha sido condenada por vulnerar el derecho a la vida privada y familiar, sea por prohibir las comunicaciones con la familia, o sea por enviar a los reclusos a prisiones alejadas a miles de kilómetros de su lugar de origen, como las colonias penales en Siberia, impidiendo así cualquier tipo de contacto familiar.

Tras su expulsión, la Federación de Rusia dejará de ser Parte Contratante del Convenio de Roma el 16 de septiembre de 2022. En consecuencia, a partir de esa fecha, los ciudadanos rusos quedarán fuera del paraguas protector del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante las vulneraciones de sus derechos por parte de Rusia.

No obstante, este tribunal decidió en su resolución de 22 de marzo que se ocupará de todas las denuncias dirigidas contra Rusia hasta esa fecha. Y el Comité de Ministros ha afirmado que continuará con su competencia de supervisión de la ejecución de las sentencias.

Territorio libre de pena de muerte

Otro de los logros del Consejo de Europa había sido conseguir que este extenso territorio fuera una zona libre de pena de muerte, salvo Bielorrusia, que no pertenece a esta organización de países.

Ya en 1983 se adoptó el Protocolo nº 6 al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte. En su artículo 1, los Estados miembros firmantes se comprometen a abolir la pena de muerte en tiempos de paz. Sin embargo, este Protocolo permitía la previsión en la legislación penal de esta pena para actos cometidos en tiempo de guerra.

Es en 2002 cuando se da un paso más con la adopción del Protocolo nº 13, relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, prohibiendo cualquier tipo de reserva o derogación a esta prohibición.

Precisamente, para ser miembro de este organismo y cumplir con este requisito, Rusia estableció el año de su incorporación, en 1996, una moratoria en la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, la posibilidad de la reintroducción de esta pena bárbara ya había sido verbalizada en alguna ocasión por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y a raíz de la salida del Consejo de Europa, lo ha insinuado el expresidente Dmitri Medvédev, [vicepresidente del Consejo de Seguridad Ruso].

Europa: un espacio de prevención de la tortura

Para luchar contra la tortura, en 1987 se creó Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) mediante el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Se trata de un mecanismo de carácter preventivo que examina el tratamiento de las personas privadas de libertad bajo una autoridad pública.

Desde el inicio de su actividad en 1989 se ha ocupado de las condiciones de reclusión en las prisiones europeas. Para ello, el Comité se desplaza a las prisiones que elige, realiza visitas periódicas y se entrevista con internos, personal penitenciario, familiares y abogados. Los Estados no pueden negarse a la realización de estas visitas. Al contrario, el Convenio les obliga a facilitar a los miembros del Comité el acceso a su territorio y a desplazarse a su voluntad por los lugares de privación de libertad.

Tras cada visita, el Comité elabora un informe nacional con observaciones y sugerencias para mejorar la protección de las personas privadas de libertad. Aunque el Convenio previó que estos informes fueran confidenciales para asegurar que los Estados aceptasen la labor del Comité, prácticamente todos los países solicitan su publicación.

Desde la ratificación de la Convención en 1998, la Federación Rusa ha sido visitada en 30 ocasiones por el Comité. La última visita tuvo lugar entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2021. En ella se prestó especial atención al trato y condiciones de detención de las personas bajo custodia policial y en prisión, incluyendo los condenados en colonias penitenciarias. Ahora bien, Rusia solo ha autorizado la publicación de 4 de los 26 informes realizados por el Comité. No solo eso: en cuatro ocasiones (años 2001, 2003, 2007 y 2019), el Comité ha adoptado contra Rusia el único mecanismo que tiene para evidenciar la falta de colaboración de un estado o la negativa a mejorar la situación: la realización de una declaración pública en virtud del art. 10.2 del Convenio.

Las recomendaciones del Consejo de Europa

En el ámbito de las prisiones, el Consejo de Europa ha realizado un importante trabajo con el objetivo de desarrollar la protección de los derechos humanos a través de la adopción de recomendaciones dirigidas por su Comité de Ministros a los Estados miembros. En ellas, el Consejo ha manifestado su preocupación constante por que los Estados configuren penas adecuadas, utilicen de forma restrictiva la pena de prisión e introduzcan alternativas penales y configuren un sistema de cumplimiento desde el respeto a la dignidad humana y dirigido hacia la reinserción del individuo en la sociedad.

Sin duda las más conocidas son las Reglas Penitenciarias Europeas, cuya última versión, de 2006, ha sido recientemente revisada en 2015. Estas Reglas reflejan la voluntad de construir unos estándares mínimos de reclusión construidos sobre los valores europeos y, en concreto, sobre la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos de las personas privadas de libertad.

Con las 23 Recomendaciones adoptadas desde 1979 hasta hoy, el Comité de Ministros se ha preocupado de aspectos tan diversos como la sobrepoblación penitenciaria, la mediación penal y la justicia restaurativa, las alternativas a la prisión, la libertad condicional, la atención sanitaria, la educación, los extranjeros, los jóvenes o la gestión de los delincuentes peligrosos y sexuales.

Sin ser de aplicación obligatoria, sin duda han servido a los Estados miembro como una guía para articular unas condiciones dignas y adecuadas en las prisiones europeas. La salida de Rusia del Consejo de Europa la aleja de esta beneficiosa influencia.

Rusia, el país que más encarcela en Europa

Con su salida del Consejo de Europa, Rusia también dejará de estar sujeta al control de la evidencia pública. Un instrumento muy efectivo para recopilar los datos referidos al encarcelamiento y a las condiciones de las prisiones en los países del Consejo de Europa son los informes anuales por países SPACE I.

Estos informes son realizados por un grupo de investigadores de la Universidad de Lausanne a partir de los datos proporcionados por una red de corresponsables de cada Estado miembro que trabajan en las prisiones y en los servicios de alternativas penales. Sin duda son una valiosa fuente de información que, además de dar una foto fiable a través de los datos de la situación de las prisiones, permite hacer análisis comparativos entre los distintos Estados europeos.

Gracias al último de estos informes, el de 2021, conocemos que Rusia es el Estado que más personas encarcela de Europa. Con 478 714 personas privadas de libertad el 31 de diciembre de 2021, suponía una tasa de 328,1 por 100 000 habitantes, cuando el valor medio en el Consejo de Europa es de 101,8. Es el cuarto país que más porcentaje de mujeres en prisión tiene (8,2 %) por detrás de Andorra, San Marino y Letonia.

También está entre los países en los que el tiempo en prisión es más prolongado, solo detrás de Azerbaiján, Portugal y Moldavia: 29 meses, cuando el valor medio es de 8,9.

Eso sí, Rusia no siempre da datos. No lo ha hecho, por ejemplo, con variables como el número de internos mayores de 50 años, el de extranjeros en prisión o la proporción entre internos y personal penitenciario. Tampoco lo ha hecho sobre el número total de celdas ni la media de reclusos por celda, lo que impide conocer el grado de sobreocupación y hacinamiento real de sus prisiones, aunque los datos a 31 de enero de 2021 señalen que la ocupación es de 66,6 internos para cada 100 plazas.

Un indicador preocupante es el presupuesto previsto por interno y día en 2020: si el valor medio es de 77 euros, la Federación Rusia solo gastaba 2,6, el mínimo de los entonces 47 Estados miembro.

Aunque con un impacto relativo, el Consejo de Europa suponía una forma de evidencia, supervisión y control de las autoridades rusas en su tratamiento de las personas privadas de libertad. Con su expulsión, sin duda las víctimas serán los ciudadanos rusos, que de esta manera quedan aún más desprotegidos respecto a su propio país.

Cristina Rodríguez Yagüe, Profesora Titular de Derecho Penal, especialización en Derecho penitenciario, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.