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Geopolítica

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Crece presión sobre gobernadora de Arizona

Grupos en favor y en contra de la medida antiinmigrante han saturado de correos y faxes la oficina de Jen Brewer, quien tiene hasta la medianoche del sábado para firmar o vetar dicha iniciativa. En caso de no hacer nada, ésta se convertirá en ley.

Opositores y simpatizantes de la iniciativa de ley que pretende criminalizar la inmigración indocumentada en Arizona aumentaron su presión sobre la gobernadora de esa entidad, Jan Brewer, para que se pronuncie acerca de la propuesta.

La legislatura de Arizona aprobó la denominada iniciativa SB 1070, que contempla amplias medidas contra la inmigración ilegal, incluso llegó a considerar como delito estatal el permanecer en el país sin documentos migratorios.

La propuesta obligará también a las policías locales a determinar el estatus migratorio de una persona si existe una sospecha razonable de que él o ella están en forma indocumentada en el país.

La gobernadora Brewer tiene hasta la medianoche del próximo sábado para decidir si firma la iniciativa, si la veta o si no hace nada y deja que se convierta en ley.

Mientras la decisión es esperada, grupos en contra de la propuesta y a favor de la misma realizan diversas acciones para tratar de presionar hacia uno y otro lado a la mandataria estatal.

Ambos lados han hecho cientos de llamadas telefónicas y enviado también correos electrónicos a la oficina de la gobernadora en el Capitolio Estatal en Phoenix.

La oficina de la gobernadora informó que hasta el cierre del pasado lunes se habían recibido 11,931 correos electrónicos y faxes en contra de la SB 1070 y 1,356 a favor de la iniciativa.

Los opositores a la propuesta han lanzado campañas en la Internet con mensajes y peticiones contra la medida en sitios como 'AltoArizona.com', 'Presente.org' y en la red social de Facebook bajo 'People Against SB 1070'.

Brewer ha permanecido sin indicar hasta ahora cómo procederá y sólo se ha informado que analiza cuidadosamente la medida antes de pronunciarse sobre la misma.

El vocero de la gobernadora, Paul Senseman, dijo que Brewer considerará la legalidad de la iniciativa, los sentimientos de los residentes de Arizona y el impacto que la medida pudiera tener en la entidad, en las corporaciones de policía y en los negocios, antes de tomar su decisión.

Un grupo de republicanos hispanos denominado 'Somos republicanos' que trabaja en la afiliación de votantes latinos, envió un correo electrónico a la gobernadora para advertirle sobre la pérdida de electores hispanos en caso de que decida apoyar la iniciativa.

El grupo advirtió a Brewer que si se pronuncia a favor, ellos solicitarán que 'abandone el Partido Republicano'.

Este miércoles, los jefes de policía de San Francisco, California; Raleigh, Carolina del Norte y Colorado Springs, Colorado, se pronunciaron en contra de la iniciativa en una conferencia telefónica organizada por el grupo nacional de policías 'Law Enforcement Engagement Initiative'.

George Gascón, jefe de policía de San Francisco, expuso que la SB 1070 tendrá importantes consecuencias en las corporaciones de policía de Arizona, al exponerlas a incurrir en violaciones a los derechos civiles y tratar de cumplir con la ley.

La medida, dijo Gascón, coloca al policía en riesgo de incurrir en perfil racial y siembra la desconfianza de la comunidad hispana en las autoridades, dado que muchos no reportarán los crímenes si esto implica exponerse a ser detectado él o sus familiares como indocumentados.

Una encuesta de la compañía especializada Rasmussen difundida también este miércoles, reportó que el 70% de los probables votantes de Arizona aprueban la medida antiinmigrante.

El sondeo sostuvo que sólo el 23% de los votantes de Arizona se oponen a la SB 1070, y un 6% se muestra inseguro sobre la misma.

De acuerdo con la encuesta, la medida es más favorecida por los votantes republicanos, con un 81%, en tanto que los demócratas se muestran más divididos, con un 51% a favor.

El 53% de los encuestados dijo estar preocupado de que la iniciativa pudiera violar los derechos civiles de algunos ciudadanos estadunidenses. Sin embargo, para muchos, dicha preocupación es insuficiente como para oponerse a la propuesta.

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