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Impeachment contra Rousseff atenta contra seguridad jurídica: Unasur
La Unasur aseguró que el proceso en el juicio de destitución que enfrenta la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es motivo de una "seria preocupación para la seguridad jurídica" del país y de América Latina.
La recomendación de una comisión parlamentaria de Brasil de abrir un juicio de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff es causa de "seria preocupación para la seguridad jurídica" de ese país y de la región, expresó el martes la Unasur.
"Sin existir hasta el momento, una prueba que la incrimine de manera personal y directa en la comisión de un delito, esta decisión, se convierte en un motivo de seria preocupación para la seguridad jurídica de Brasil y de la región", indicó la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en un comunicado.
Una comisión parlamentaria aprobó el lunes, por 38 votos contra 27, un informe no vinculante que recomienda a los diputados votar para dar continuidad al proceso de impeachment contra Rousseff en el Senado.
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La Cámara de Diputados se reunirá a partir del viernes en un clima de extrema tensión para decidir el destino de la impopular gobernante, acusada de maquillar las cuentas públicas.
"La Presidenta solo puede ser procesada y destituida -revocando el mandato popular que la eligió- por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa", añade el comunicado de la Unasur, cuya secretaría general está en Quito.
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Señala que "aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del gobierno por razones de índole simplemente políticas".
Los partidarios de la destitución de Rousseff deben conseguir los votos de dos tercios de los diputados (342 de 513) para que el proceso siga al Senado, de lo contrario la causa será enterrada definitivamente.
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Si el proceso supera esa barrera, y la cámara alta ratifica después la decisión, Rousseff sería apartada de su cargo por un plazo máximo de 180 días, a la espera de que el Senado diera su fallo definitivo.
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