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OEA pide indagar crímenes de lesa humanidad
Abre la posibilidad de que altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Maduro, puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
Expertos internacionales independientes presentaron en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) un informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En su reporte, los juristas Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá) concluyeron que existe fundamento suficiente para afirmar que los actos a los que se ha sometido a la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero del 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Santiago Cantón precisó que se pudieron identificar por lo menos 131 asesinatos extrajudiciales perpetrados por el aparato de seguridad del Estado o los denominados colectivos durante las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro y de por los menos 8,292 casos de homicidios, los cuales podrían tratarse en su mayoría de ejecuciones extrajudiciales de acuerdo con el contexto en el país sudamericano.
“Sobre estos caso se podría hablar de un control social por parte de las autoridades y que forma parte de un plan sistemático por parte del gobierno”, indicó.
Se recopiló información de por lo menos 289 casos de tortura, lo cual ha ido en crecimiento y 192 casos de violaciones a personas bajo el control del Estado y un número de desapariciones forzadas, así como más de 12,000 detenciones arbitrarias por los menos desde la reelección de Maduro en el 2013.
“Calculamos que siete personas por día han sido arbitrariamente detenidas simplemente por ser consideradas enemigas del Estado”, agregó Cantón.
Los expertos internacionales independientes recopilaron información de la OEA, de ONG, así como testimonios de venezolanos.
Conclusiones
Los juristas recomendaron a Luis Almagro, secretario general de la OEA, remitir el informe y la evidencia recopilada por la OEA a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Además de pedir a la fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad.