También se debe controlar la propagación del Covid-19 en las prisiones: ONU

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó hoy a los gobiernos a tomar medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas privadas de la libertad y las personas que se encuentran en otros centros cerrados.

La funcionaria chilena tomó nota que, en la actualidad, la pandemia del Covid-19 está presente en cárceles, centros de detención preventiva y de detención de inmigrantes, así como lugares de atención residencial y hospitales psiquiátricos.

“En muchos países, los centros de detención están superpoblados. Las personas a menudo son detenidas en malas condiciones higiénicas y los servicios de salud son insuficientes o incluso inexistentes. La eliminación física y el aislamiento son prácticamente imposibles bajo tales condiciones ", agregó.

Reconoció que los gobiernos de todos los países afectados enfrentan grandes demandas de recursos durante esta crisis y viven situaciones sociales en las que es difícil tomar las decisiones más urgentes.

Sin embargo, les instó a que no olviden a quienes están en prisión, o aquellos que están confinados en centros cerrados de salud mental, hogares para ancianos o en orfanatorios, ya que, descuidarlos podría tener consecuencias catastróficas.

"Es vital que los gobiernos tengan en cuenta la situación de los detenidos en su plan de acción de crisis, con el fin de protegerlos, así como al personal, a los visitantes y, por supuesto, a la sociedad en general.

"Ante el brote de la enfermedad y el creciente número de muertes ya reportadas en las cárceles y otros centros en más y más países, las autoridades deben actuar ahora para evitar una mayor pérdida de vidas entre los detenidos y el personal”, dijo Bachelet.

Como institución de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado instó a los gobiernos y las autoridades pertinentes a trabajar rápidamente para reducir el número de personas detenidas, y destacó que varios países ya han tomado medidas positivas.

Consideró que las autoridades deberían impulsar formas de liberar a las personas encarceladas particularmente vulnerables al Covid-19, entre ellos los detenidos mayores de edad y los enfermos, así como a los delincuentes de bajo riesgo.

También deben continuar respondiendo a las necesidades específicas de salud de las reclusas, especialmente las embarazadas, así como las de los reclusos discapacitados y menores de edad, agregó la funcionaria de la ONU.

"Hoy más que nunca, los gobiernos deberían liberar a cualquier persona detenida sin una base legal suficiente, incluidos los presos políticos y los detenidos simplemente por expresar opiniones críticas o disidentes", dijo de forma enfática.

Sugirió, al mismo tiempo que agregó que, una vez liberados, estas personas deben someterse a un examen médico y deben tomarse medidas para garantizar que reciban la atención y el seguimiento necesarios, incluido el seguimiento del estado de su salud.

Con respecto a las personas detenidas, el estado tiene el deber de proteger la salud física y mental y el bienestar de los prisioneros, como se establece en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Las acciones tomadas durante una crisis de salud no deberían afectar los derechos humanos de las personas detenidas, incluidos sus derechos al agua y a una alimentación adecuada. Las garantías contra los malos tratos a las personas bajo custodia policial, incluido el acceso a un abogado y un médico, también deben respetarse plenamente.

En relación a las restricciones tomadas por las autoridades durante las visitas a centros cerrados, estas pueden ser necesarias para ayudar a prevenir brotes de Covid-19, pero estas medidas deben introducirse de manera transparente y comunicarse claramente a los afectados.

“El cese repentino de los contactos con el mundo exterior corre el riesgo de empeorar las situaciones ya tensas, difíciles y potencialmente peligrosas ", advirtió Bachelet.

Tomó como ejemplos varias medidas tomadas en algunos países, como el uso más extendido de los sistemas de videoconferencia, el aumento de las llamadas telefónicas con miembros de la familia y la autorización del correo electrónico, concluyó.