Zelaya cuestiona juicios contra golpistas

El derrocado presidente Manuel Zelaya calificó el jueves de truco de los golpistas la decisión de la fiscalía de enjuiciar a los militares que lo arrestaron y sacaron de su casa en pijamas a punta de pistola y lo expulsaron después a Costa Rica.

Es un acto para lograr la impunidad de los militares y que los autores materiales e intelectuales del golpe de estado evadan el castigo de la justicia , afirmó Zelaya.

``Es un truco y una nueva estratagema del fiscal el acusar a los militares de un delito menor, como abuso de autoridad, y no por los delitos graves que cometieron: traición a la patria, asesinato, violar derechos humanos y torturar al pueblo'', reiteró Zelaya en una declaración enviada a la AP desde su refugio en la embajada brasileña de Tegucigalpa donde se encuentra desde hace más de tres meses.

Recordó que ``es un hecho público notorio y de conocimiento internacional que el 28 de junio (cuando fue derrocado) los militares asaltaron mi casa a balazos, me secuestraron y me desterraron''.

Zelaya retornó subrepticiamente el 21 de septiembre a Honduras.

``Y me separaron del cargo de presidente sin facultades constitucionales para hacerlo, y emitieron orden de captura contra mí en complicidad con el fiscal sin tener ninguna demanda y sin citarme a ningún tribunal ni a juicio... y eso es una ruptura violenta y sorpresiva del orden democrático: un golpe de estado'', añdió.

La fiscalía ha encausado a Zelaya por atentar contra la forma de gobierno, traición a la patria, usurpar funciones públicas y abuso de autoridad.

El mandatario defenestrado instó a los hondureños y la comunidad internacional a ``no caer en el engaño de avalar la impunidad a través de este fraude procesal preparado por las mismas personas e instituciones que rompieron el orden democrático y que hoy pretenden lavarse las manos''.

El fiscal general, Luis Alberto Rubí, solicitó el miércoles a la Corte Suprema ordenar la detención de los seis miembros de la Junta de Comandantes de las fuerzas armadas encabezada por el general de división de cinco estrellas Romeo Vásquez, por abuso de autoridad.

Por ese delito, la ley establece una pena de entre 3 y 4 años de prisión.

Vásquez dijo el jueves a la cadena local de radio HRN que ``sólo cumplimos órdenes... somos hombres de ley y en este momento preparamos nuestra defensa ante los tribunales''.

Según el gobierno de facto, los militares sólo acataron la orden de captura contra Zelaya que en su momento emitió la Corte Suprema por intentar reformar la Constitución para continuar en el poder, lo que prohibe la ley fundamental.

El Estado Mayor Conjunto lo integran los generales Javier Prince, jefe de la fuerza aérea; Miguel García Padgett, jefe del ejército, y Juan Pablo Rodríguez, de la fuerza naval. También Venancio Cervantes y Carlos Cuéllar.

La corte dispone de tres días para admitir o no la petición de la fiscalía. Si la acepta, designará a uno de sus 15 magistrados como juez especial para conocer el caso.

El hecho se produce en momentos en que el congreso se dispone a debatir el lunes una iniciativa del presidente de facto Roberto Micheletti de otorgar amnistía política a todos los protagonistas del golpe de estado, la que Zelaya rechaza.

Micheletti ha justificado el golpe diciendo que Zelaya se desvió de la ideología de su partido, el oficialista Liberal, y abrazó el socialismo del siglo XXI que impulsa el presidente venezolano Hugo Chávez.

KLM