Acapulco va a necesitar mucho más

El nivel de devastación en Acapulco por el huracán Otis es indescriptible. Las imágenes, análisis satelitales y reportajes de diversos periodistas muestran un grado de destrucción nunca visto en México.

Más allá de las causas, la impredecibilidad, o las líneas de tiempo del actuar gubernamental, enfrentamos una crisis humanitaria, la cual se divide en dos etapas y requerirá recursos que el Estado mexicano no parece tener hoy ni en el futuro inmediato.

La primera etapa es la inmediata. Es apremiante llevar víveres como agua, comida y suministros básicos, atendiendo las necesidades inmediatas de los casi 800,000 habitantes de Acapulco. Se debe restablecer el suministro eléctrico, las telecomunicaciones, limpiar las calles y remover los estragos de la destrucción. En esta fase, es fundamental que las autoridades sanitarias prevengan brotes de enfermedades para evitar que la tragedia se agrave. Y sobra decirlo, el restablecimiento del orden público es indispensable para poder implementar estas acciones.

Para afrontar esta etapa inmediata, parece que el gobierno ha podido hacer su juntadito. Entre lo que quedaba de la partida presupuestal de desastres naturales (17,000 millones de pesos de los cuales quedan 11), el seguro catastrófico contratado del que se espera cobrar 9,000 millones de pesos, el moche al Poder Judicial (15,000 millones), y lo que puedan reasignar del presupuesto de este año, en efecto podrían dar los 60,000 millones de pesos anunciados ayer. Si existiera el Fonden como estaba, como un fideicomiso que permite gastos sin desviar recursos de otra parte y con un enfoque multianual, esto no sería necesario.

Pero el futuro de Acapulco presenta problemas más graves. Reconstruir la ciudad y reactivar su economía requerirá muchos más recursos que los anunciados por el gobierno. Los daños materiales se estiman entre 200 y 350,000 millones de pesos. Si alguien cree que eso lo van a pagar los seguros, está muy equivocado. Los niveles de cobertura en México son de los más bajos del mundo, especialmente en Guerrero, donde solo existían 7,000 pólizas con cobertura para huracanes en todo el estado. Si el Estado no lidera esta reconstrucción, a la par de inversionistas privados, enfrentarán a graves problemas de coordinación.

A eso habrá que sumar los recursos necesarios para evitar el colapso de los ingresos y del consumo. Cerca de 350,000 personas trabajan en Acapulco, sobre todo en turismo y servicios relacionados, fuentes laborales que han desaparecido. Habrá empleos en construcción, pero no serán suficientes y la conversión en muchos casos será imposible. Tanto las becas y recursos anunciados ayer, como los estímulos fiscales, están lejos de cubrir lo necesario en cobertura y en temporalidad.

Revivir Acapulco demandará un gran esfuerzo económico del Estado. A pesar de la contribución del sector privado, el impulso y coordinación deben ser liderados por el Estado. El problema es que ya no hay dinero. El déficit real del año que entra estaba presupuestado en 4.9% del PIB, sin margen para más gasto. Las presiones fiscales preexistentes —Pemex, pensiones, obras inconclusas, servicio de la deuda— persisten, y Acapulco necesitará dinero del presupuesto por lo menos en 2024, 2025 y 2026. Este gobierno ya va de salida y hará lo que pueda con los recursos anunciados, insuficientes. La gran interrogante es si el nuevo gobierno seguirá tirando dinero a la basura en obras sin sentido y en Pemex, o si optará por rescatar y revivir el otrora principal destino turístico de México.