Después de casi 116 horas de bloqueo en la carretera México- Puebla, un paso de tránsito fundamental para el transporte de personas y mercancías, las autoridades de la entidad lograron convencer a los ejidatarios de Tlahuapan de reabrir la autopista en ambos sentidos, y establecer mesas de trabajo para atender la solicitud de sus demandas. Así termina el infierno que desde el 6 de agosto tuvieron que vivir familias, choferes de carga, turistas, y cientos de personas que quedaron atrapadas pasando hambre, frío, robos, desesperación, frustración, a la par de graves pérdidas económicas ante la lentitud de intervención y reacción por parte de las autoridades para asumir el control y proponer acciones estratégicas al problema. ¿De qué tamaño son los daños? Dentro de las afectaciones más alarmantes, rescato dos: la violación al derecho de libre tránsito y las pérdidas económicas que tuvieron que asumirse por parte de cientos de empresas transportistas, producto de la grave afectación en la cadena de suministro, alimentos echados a perder y multas por no haber llevado a cabo la entrega de mercancías en tiempo y forma. Para tener una idea del tamaño del problema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Canacar (Cámara Nacional de Autotransporte de Carga) informaban que el cálculo de pérdidas económicas por estas horas de bloqueo se estimaba en 10 mil millones de pesos -que pudiera aumentar ya con cuentas totales-. A su vez, en un comunicado conjunto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Nacional Agropecuario, y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) entre otros organismos, informaban que en este bloqueo se contemplaban aproximadamente 130 mil unidades detenidas, lo cual ya contabilizaba cerca de 10 mil toneladas de producto perecedero echado a perder, problemas en la refrigeración, de la mano de sanciones económicas importantes por incumplimiento de entregas. Sumando a este escenario de por sí catastrófico, también se suman las afectaciones al sector hotelero, donde de acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) se reportaban cancelaciones del 70 % de las reservaciones de hoteles en Puebla. Estos son algunos de los efectos que provocan los bloqueos carreteros, pero lo más grave es que las autoridades permitan que estas acciones -que se emplean como recursos de presión y en otros casos como demandas sociales - proliferen sin ser atendidas institucional y estratégicamente, promoviendo un diálogo y atención en tiempo y forma, sin poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, en su integridad y economía. Nadie niega el legítimo derecho a la expresión y la manifestación, pero los límites deben ser claros, cuando se pone en riesgo la seguridad de terceros y se transgrede el estado de derecho, y es ahí donde las autoridades deben asumir su responsabilidad, no le demos más vueltas. Es necesario crear protocolos de intervención inmediata para atender las demandas sociales, no desde una perspectiva política, sino legal, con límites claros, que inician cuando se transgreden y vulneran los derechos a terceros, nos guste o no. Y esto se previene haciendo bien el trabajo en el momento preciso que las demandas llegan a las puertas de las instituciones, que están ahí para atender, promover diálogos, negociar y resolver. Es un hecho que, en los últimos años la proliferación de bloqueos y toma de casetas se ha normalizado. De acuerdo con el Censo de Seguridad Pública Federal se han reportado: en 2021:1548 bloqueos, 2022:880 y 2023:813. Para 2023, los estados de Chiapas y Oaxaca concentraron el 45.4% de los bloqueos carreteros en el país, con 191 eventos y 178 respectivamente, por otra parte, en el mismo periodo se contabilizaron aproximadamente 103 tomas de casetas, donde las entidades de Sonora y Oaxaca concentraron el 41.7% de los casos, 23 y 20 respectivamente, seguidos del Estado de México y Zacatecas con 10 eventos reportados cada uno. Así, con el paso de los años, la toma de casetas en algunos casos se ha convertido un recurso también para extorsionar a los automovilistas y transportistas para dejarlos circular. Esto nos lleva a analizar la operación y recurrencia de los bloqueos carreteros a la par de sus objetivos de fondo -que legítimos o no- provocan consecuencias graves a la ciudadanía y a la economía. Con el paso de los años, los bloqueos carreteros y las tomas de casetas se han vuelto no solo un recurso de demanda social, también de presión política y un medio de fondeo inmediato, de control y gestión territorial con múltiples intereses, objetivos y actores involucrados, que proliferan sin que las autoridades impongan límites apegados a derecho. Ojalá y después de esta experiencia, algo se aprenda y se tomen medidas concretas al respecto…