CDMX, vigilancia total; instinto de Big Brother

El Gobierno de la Ciudad de México presentó un ambicioso presupuesto para mejorar y ampliar la capacidad de vigilancia pública y de observancia a través de sistemas tecnológicos, principalmente con cámaras de videomonitoreo. El plan es parte de una racionalidad con base tecnológica —adoptada en la gestión de Andrés Manuel López Obrador con la asesoría del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani— que considera a la vigilancia como sinónimo de seguridad, lo que no necesariamente funciona de esa manera, que ha delineado políticas de desarrollo y renovación urbanas a partir de criterios comerciales y que fomenta estereotipos.

Este programa de trabajo propone instalar durante 2019 11,100 nuevas cámaras en la vía pública en los 3,600 postes existentes y en otros 100 postes que serán levantados a lo largo del año. Esto ampliará a 26,400 el número de cámaras administradas por el Gobierno capitalino a través del llamado C5, el centro de gestión de los sistemas tecnológicos de vigilancia y seguridad de la ciudad.

El plan incluye el deseo de interconectar la infraestructura pública con sistemas de videovigilancia privada, como los que operan en centros comerciales, bancos y centros recreativos, o sistemas controlados por las 16 alcaldías de la ciudad, Metro, Metrobús, Secretaría de Obras capitalina y el Estado de México. La idea no es nueva: el Congreso de Yucatán aprobó una ley que regula esta interoperabilidad público y privada en julio de 2018. Si fuera el caso, el C5 podría tener acceso a las 1,190 cámaras de videovigilancia instaladas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El proyecto fue diseñado por el nuevo director del C5, Juan Manuel García Ortegón, un ingeniero egresado del Tec de Monterrey y quien fue responsable de tecnologías e ingenierías del C5 entre 2012 y 2014.

En nombre de la transparencia en el ejercicio de gobierno, la videovigilancia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum será también una vigilancia de ida y vuelta (panóptica y sinóptica), en donde el Estado vigilará a sus ciudadanos y los ciudadanos, a otros ciudadanos, a través de la publicación en tiempo real de las imágenes de los equipos de videomonitoreo. “El nivel ideal es que uno se pueda conectar desde su teléfono a la cámara que queda cerca de su casa. Todavía estamos lejos de ello, pero estamos en ese camino”, dijo Sheinbaum en la presentación del programa. Mientras llegamos a ese “nivel ideal”, la imagen de algunas cámaras estará a disposición de los ciudadanos a través de internet.

La videovigilancia puede inhibir actos delictivos y funcionar como herramienta para captar evidencia en la investigación policial —la Tesis I.1o.P. J/3 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, de junio de 2018, incluso la vuelve prueba legal para acreditar detención en flagrancia si el infractor fue captado en todo momento por las cámaras—, pero no necesariamente reduce las tasas delictivas, recuerda el investigador Nelson Arteaga Botello en su libro Videovigilancia en México (Flacso, 2018).

La videovigilancia es parte de un programa neoliberal que actúa a nivel simbólico, que construye o fortalece estereotipos y que delinea una manera mercantilizada de ver el espacio público. No existe lógica, por ejemplo, en la distribución de las unidades de videovigilancia instaladas hasta ahora: Iztapalapa es la alcaldía más poblada, pero el número de cámaras en su territorio es de 13 por cada 10,000 habitantes, por debajo de la media de 17; la alcaldía Cuauhtémoc, en cambio, tiene un tercio de la población de Iztapalapa y 31 cámaras por cada 10,000 habitantes.

Hay algo irrebatible en el plan presentado por el Gobierno de la Ciudad de México: durante la administración de Sheinbaum (2018-2024) la ciudad avanzará hacia la vigilancia total, hacia un lugar con ojos en todas partes. Una ciudad de la transparencia que aspira al control social a partir de una supuesta mejora de los servicios públicos, como es la seguridad. El Big Brother de un gobierno de izquierda.