Detrás del caso Casar

Acaban de cumplirse dos meses de que fuera suspendido el pago mensual que Pemex realizaba a María Amparo Casar desde hace 19 años y medio, por la pensión post-mortem de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García.

Ese impago fue la primera acción dentro del procedimiento que dentro de la empresa productiva del Estado han denominado “indemnización por corrupción”. En estricto sentido, se trata del expediente 2024/PEMEX/DE61, iniciado por el titular del área de quejas, denuncias e investigaciones de la Unidad de Responsabilidades, Rodrigo Alvarado Hueber, quien requirió copias del oficio , “necesarios para la correcta integración de la investigación en curso”.

Márquez Padilla García, quien fungió como coordinador ejecutivo de la Dirección de Administración, falleció el 7 de octubre del 2004. Si bien apenas laboró 129 días en el corporativo, el contralor requirió una relatoría detallada de todos los trámites realizados, tanto para su alta como para el pago de su salario y lo subsecuente.

En el dossier que ahora se conoce como Caso Casar, compilado por Pemex, resulta evidente que el expediente fue reabierto por la dirección jurídica de la paraestatal, a cargo de Luz María Zarza Delgado, a mediados de febrero pasado. Entre los primeros respondientes de sus peticiones estuvo la Fiscalía General de Justica de la CDMX, a cargo de Ulises Lara, quien autorizó la expedición de copias certificadas del dictamen pericial integrado a la averiguación previa MH-1T1/2361/0410 y del oficio de determinación del no ejercicio de la acción penal.

La revisión de esos documentos —confirmó la funcionaria— determinó que de manera irregular se le reconocieron las prestaciones laborales aplicables a un riesgo de trabajo, cuando se trató de un suicidio, por lo que “podríamos estar en presencia de un prolongado detrimento al patrimonio de esta empresa (…) incluso en actos de corrupción, conductas ilícitas y contrarias a la ética e integridad corporativa de Pemex”.

Por el seguro de vida y la cobertura por los gastos funerarios, Casar Pérez recibió 17.2 millones de pesos. Y de conformidad con los porcentajes asentados en la póliza del seguro de vida, a partir de la primera quincena del 2015, comenzó a recibir 124,949 pesos mensuales, como pago de la pensión post-mortem, que Pemex cubriría en forma vitalicia, a menos que volviera a contraer matrimonio o entrara en concubinato. Sus hijos, Carlos y Fernanda, recibieron 15,434 pesos mensuales.

A través del oficio DJ-73-2024, del 26 de febrero, Zarza Delgado requiere al subdirector de capital humano de la empresa, Franco Octavio Veites Palavicini Pesquera, suspender inmediatamente las prestaciones entregadas a los beneficiarios de Padilla (sus hijos dejaron de recibir la pensión cuando cumplieron 25 años) y “prever la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente, lo cual evitará que se siga causando un daño patrimonial en perjuicio de Pemex”.

Las áreas administrativas informaron que el 28 de febrero fue actualizado el SIRHN, el sistema electrónico de pagos, con lo que la pensión post-mortem de la viuda de Márquez Padilla quedaba suspendida, pero que la recuperación de los pagos anteriores escapaba de sus competencia.

El 23 de febrero fue abierto el expediente 12151/2024/PPC/PEMEX/PP208. Entonces ocurrió transferencia de información y documentación que contiene datos personales entre distintas áreas de Pemex sobre el monto de las erogaciones efectuadas. Ahora, la Dirección Jurídica ha procedido a la recuperación de los mismos: además de los 31 millones 339,995 pesos pagados por las pensiones, están el seguro de vida y la cobertura por los gastos funerarios.