El costo de la deuda o el costo político de aumentar el predial

El Paquete Económico para 2024 tiene un tinte particular, pues mediante su ejecución se accionará la estrategia final del presidente López Obrador para concretar los resultados de la llamada “Cuarta Transformación”. Adicionalmente, el próximo año cobra relevancia por ser un año electoral, en donde se disputarán más de 20,000 cargos de elección popular, entre ellos nueve gubernaturas, los integrantes de ambas Cámaras y la Presidencia de la República.

Uno de los datos más mencionados que trajo consigo este paquete es la propuesta de déficit público de 5.4% del PIB, que, de acuerdo con información de BBVA, no se presentaba desde 1990. Tal vez la sorpresa fue mayor dada la postura conservadora que había mantenido el presidente en torno al endeudamiento durante los últimos años. No obstante, es cierto que a estas alturas del sexenio y, sin una reforma fiscal, quedaban pocas opciones para seguir financiando sus prioridades, entre las que se incluye el Tren Maya, que hasta el momento se espera cueste tres veces más de lo presupuestado, y la refinería Dos Bocas, que duplicará su costo.

Además, para el próximo año el Ejecutivo busca financiar el aumento de programas sociales específicos. Por ejemplo, un incremento de 32% respecto al 2023 para el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, mientras que el rubro desarrollo social en general tendrá un aumento de 7% real respecto a este año. Para algunos, el objetivo subyacente es no escatimar en programas que pudieran coadyuvar a definir el voto durante las elecciones.

En este escenario de financiamiento poco responsable, se solventan los caprichos y necesidades de gasto con deuda. La postura del gobierno federal no es muy distinta a la de la mayoría de estados y municipios. Por lo general, los gobiernos prefieren mantener su popularidad y la de sus partidos políticos intacta, antes de pensar en incomodar a los contribuyentes (e incluso a quienes no lo son y deberían serlo) con algún tipo de alza impositiva.

El caso de los municipios es muy claro. Durante décadas se han publicado estudios de expertos y centros de investigación, en donde se ha señalado el potencial recaudatorio que tiene el impuesto predial. Para contextualizar, la recaudación de este impuesto en México en 2021 fue de 0.2% del PIB, lejos del 0.9% del PIB que registraron los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y mucho más alejada de naciones como Canadá (2.7% del PIB), Estados Unidos (2.7%) y Japón (2%). Nuestra recaudación también se compara desfavorablemente con países de América Latina y el Caribe, pues el promedio de esta región se ubica en 0.35% del PIB. Países como Jamaica y Belice registran una mayor recaudación por predial que México.

Los problemas más comunes en los municipios se relacionan con un catastro desactualizado y la poca capacidad/determinación para cobrar el impuesto a todos quienes deberían pagarlo. Son contados los casos en los que el inventario de bienes inmuebles se revisa y corrige periódicamente. Adicionalmente, las propiedades no reflejan su valor comercial, el cual se modifica con el paso del tiempo. Para realizar adecuadamente estas tareas se requieren varios elementos, como un presupuesto adecuado, personal capacitado, tecnología, entre otros. No obstante, otra opción es la firma de convenios de colaboración administrativa entre estados y municipios para la recaudación y fiscalización del impuesto, tal como lo hacen 24 entidades federativas.

Si bien es cierto que la misión puede sonar compleja, la realidad es que para muchos municipios la falta de voluntad política representa el principal obstáculo. Los mismos datos del INEGI muestran que durante los últimos años la recaudación de predial como proporción de los impuestos municipales ha venido cayendo, pues en el 2011 se ubicaba en 61% y en el 2022 había disminuido a 39% (una caída de 22 puntos porcentuales). Incluso, la reelección, que se pensó podría contribuir a motivar estos cambios, no ha jugado el papel deseado.

Lo cierto es que la recaudación potencial, derivada de una actualización a precios de mercado del catastro, es mayor para unos municipios que para otros. La composición de la base gravable (características del catastro) y el nivel de desactualización son clave. La información del INEGI muestra que Tlaxcala y Oaxaca tienen los catastros más desactualizados. En el otro extremo, sin considerar a la CDMX, se ubican Campeche y Aguascalientes. Para algunos municipios la actualización del catastro podría llevarlos a aumentar su recaudación a más del doble.

Los datos duros de recaudación potencial pierden fuerza frente a los cálculos políticos. Pareciera que la ciudadanía es incapaz de apreciar los beneficios de un municipio que brinde servicios de calidad, a cambio de un pago justo por la propiedad. La solución inmediata la tienen los municipios, no obstante, hay acciones que se pueden plantear de la mano de los estados y la Federación. Sin duda las próximas elecciones abren una ventana de oportunidad. Sin embargo, si las cosas no cambian tampoco pasa nada, pues para eso se tienen las transferencias federales y la deuda ¿a poco no?