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Opinión

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El gobierno también utiliza listas negras de trabajadores. Comimsa de Conacyt contrató servicios de un buró laboral

Comimsa es un centro público de investigación del Conacyt. Foto: Cortesía Conacyt

La Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. (Comimsa), una entidad pública dependiente de la oficina federal de ciencia y tecnología Conacyt, contrató una membresía anual para utilizar listas negras de trabajadores durante sus procesos de selección de candidatos y tener elementos para rechazar a supuestos empleados problemáticos.

Las listas negras, también conocidas como buró laboral, son ilegales: están prohibidas en la legislación federal del trabajo (artículo 133, fracción IX de la LFT). Violan la ley federal de protección de datos personales, al tratar datos personales sin el consentimiento de sus titulares (los ciudadanos a los que identifican o hacen identificables dichos datos) e incumplir diversos principios sobre el tratamiento de información de carácter personal. Las listas negras son una fuente para la discriminación permanente, al adentrarse en detalles de la vida de las personas a partir de prejuicios y desinformación, muchas veces con datos incompletos y desactualizados.

Conozco a personas que han sido rechazadas en alguna fase del proceso de selección de personal porque su nombre aparece en alguna lista negra. No importa si tenían razón o se equivocaron al demandar a su expatrón. Ir a juicio es ir a un buró laboral. Descubrir este motivo de rechazo puede provocar un impacto emocional demoledor. No importan capacidades ni aptitudes ni experiencia, lo que importa en el departamento de recursos humanos es “evitar” problemas y alejar al supuesto trabajador problemático, como si se tratase de la peste.

Las empresas que crean y ofrecen listas negras de trabajadores, como Buró Laboral México, Círculo Laboral o Club Patronal, se presentan como sistemas de consulta en línea que ayudan a prevenir posibles fraudes y demandas laborales. Recogen información de litigios laborales y la integran en expedientes digitalizados y organizados a partir de números de identificación oficiales, como la CURP (Clave Única de Registro de Población).

La Secretaría del Trabajo, responsable de hacer cumplir la Ley Federal del Trabajo, ha confirmado la existencia de las listas negras de trabajadores y las considera “herramientas” de utilidad, pues ofrecen “la información necesaria al patrón sobre posibles demandas pasadas que el trabajador haya enfrentado en trabajos anteriores”. El objetivo del buró laboral, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, es “difundir los datos, positivos y negativos, del historial laboral de un empleado para las firmas que lo soliciten”.

Comimsa de Conacyt contrató los servicios de Buró Laboral México S.C. en 2015. Fue una adjudicación directa, con el código de contrato 741610, por un total 21,982.76 pesos. El proveedor fue IP On Line S.A. de C.V. (el mismo que dos años después vendió a la Sedena equipos y refacciones para telefonía satelital). La responsable de compras de Comimsa evitó cualquier explicación o descripción del servicio y apenas alcanzó a bautizar el contrato: “Pago membresía anual Buró Laboral México”. Quizá le avergonzó saber la utilidad de las listas negras de trabajadores.

Comimsa documentó 20 demandas laborales en su contra entre 2001 y 2015. Una proporción de 1.8 juicios por cada 100 empleados (tenía 1,100 activos en 2015) o una frecuencia de 1.3 juicios al año. Entre esos casos se documentó el de un maniobrista de Campeche, quien trabajó para Comimsa del 7 de diciembre de 2008 hasta su despido el 10 de marzo de 2010. Tenía un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo y un salario de 6,165.30 pesos mensuales. Reclamaba el pago de indemnización constitucional, salarios caídos y otras prestaciones. Este caso se resolvió en diciembre de 2014. Desconozco el veredicto, pero estoy seguro de que ese maniobrista ya se encuentra en una lista negra.

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Periodista. Escribe Economicón, la newsletter sobre privacidad y sociedad de la información de México. Desde 2010 es editor en El Economista. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales. Su canal de entrevistas en YouTube se llama Economicón.

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