El juicio del año

Ni la exoneración de Rosario Robles, ni la ofensiva de la familia Cuevas contra el fiscal Alejandro Gertz Manero, ni el litigio del gobierno mexicano contra Vulcan Materials o la defensa de Samuel García de su mandato como gobernador de Nuevo León... el caso que atrajo la atención de los expertos, al cierre de 2023, es la disputa de las aseguradoras contra el SAT, por la devolución del IVA.

Aunque los involucrados acudirían a la última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los reguladores del mercado ya estudian los efectos en el corto y el mediano plazo. Previsiblemente, el precio de las pólizas de seguros para automóviles, inmuebles y gastos médicos sufrirá una actualización mayor a la tasa anual de la inflación. Y las firmas aseguradoras deberán ajustar sus cálculos financieros, para garantizar con reservas suficientes el cumplimiento del pago por impuestos, actualizaciones y sanciones, derivado de las operaciones realizadas en los últimos siete años.

Desde hace tres meses, circula un estudio elaborado por el Colegio Nacional de Actuarios sobre el impacto que tendría una sentencia favorable al SAT. Para un centenar de empresas consideradas, el monto de pérdidas estimadas supera los 113, millones de pesos con una actualización de cinco años y el déficit que se produciría con respecto al capital regulatorio mínimo sería de 50,000 millones; 42 compañías caerían en insolvencia regulatoria y 20 irían a quiebra técnica.

Con ocho años, las pérdidas serian de 175,000 millones y el déficit, de 98,000 millones, de acuerdo con los cálculos elaborados con la información disponible al cierre del 2022.

De manera llana: la mitad de las empresas analizadas caería en insolvencia si tuviera que pagar lo que reclama el fisco. Un 20% tendría que cerrar.

¿Un caso “estrambótico? Los nuevos criterios para la devolución del IVA implementados durante la administración de Raquel Buenrostro obligan a las empresas aseguradoras a cumplir con sus obligaciones.

Los créditos fiscales generados por el SAT fueron combatidos por empresas del ramo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el cabildeo, ex funcionarios de la Cuarta Transformación fueron atendidos, pero nada más. Los requerimientos de corto y mediano plazo redujeron al mínimo la indulgencia y endurecieron la postura de los altos oficiales de la oficina recaudatoria, cuyas presiones a los magistrados que resolverán el expediente produjeron el peor resultado para su causa:  el asunto —que la semana pasada estuvo enlistado, para resolución en el Pleno jurisdiccional—quedó pendiente.

El asunto cayó en la ponencia del magistrado Carlos Chaurand. Sus colegas en el Pleno tienen opiniones divididas.

Efectos secundarios

INTERMINABLE. Hace un mes se cumplió el cuarto aniversario luctuoso de Jorge Vergara y su historia con Angélica Fuentes Téllez todavía tiene un capítulo pendiente. Con un nuevo equipo jurídico, la empresaria juarense mantuvo su exigencia por 345 millones de pesos que habría prestado al emprendedor tapatío no obstante que —de acuerdo con los herederos de Vergara— en el 2018 renunció a cualquier reclamación, por su divorcio. La sentencia de ese juicio determinó la ilicitud de todos los actos de la demandante y le condenó al pago de una indemnización millonaria. Las partes dejaron de lado sus reclamos para proteger el derecho de Vergara de convivir con sus hijas y garantizar su manutención, hasta que alcancen la mayoría de edad. No obstante, Fuentes Téllez interpuso una nueva demanda, para impugnar el testamento de Vergara y recuperar los 345 millones de pesos con base en un contrato de mutuo préstamo presuntamente firmado por Vergara Madrigal. El 28 de febrero del 2020 solicitó embargar cuentas bancarias y bienes a nombre del señor Vergara. La defensa de Vergara logró revocar los embargos y obtuvo una sentencia definitiva sobre la improcedencia del reclamo. El 6 de diciembre del 2022, Fuentes fue condenada pagar 124 millones de pesos, por gastos y costas. Esa deuda prevalece.