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El lado económico del contrato social: bienes públicos
Lo bueno y de calidad sale caro, cuidado con cambiar pesos por centavos...
Macraf
No cabe duda de que los viajes ilustran y abren la mente a diversas situaciones.
Recientemente tuve la oportunidad de estar en el Reino Unido y, al observar el nivel y costo de los servicios públicos, me surge una duda: ¿por qué no se puede mejorar el nivel de calidad de los servicios públicos en México?
Para empezar, hay que tener claro que en el centro de la discusión se encuentra, por un lado, el “contrato social”, es decir, cuánto estamos dispuestos a pagar por recibir bienes públicos de calidad. Por otro lado, se plantea la interrogante sobre qué tan eficiente es el gobierno en la asignación de recursos para generar bienes públicos de calidad, especialmente en temas cruciales como salud, educación y transporte.
Asimismo, se debe considerar que para la provisión de los servicios públicos, los gobiernos necesitan contar con recursos suficientes. Por ejemplo, Francia y Dinamarca, naciones que ofrecen educación gratuita y acceso a la salud sin costo para sus ciudadanos, poseen un esquema de financiamiento que les permite ofrecer ese tipo de bienes públicos y no es otra cosa que el nivel de recaudación que tienen, el cual está cerca del 45 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). En contraste, el nivel promedio de recaudación en América Latina se sitúa en torno al 17 por ciento, y específicamente con México, la recaudación apenas alcanza el 14 por ciento, lo que genera un gran problema financiero para los servicios públicos.
Este problema plantea una serie de preguntas. ¿Estamos dispuestos como sociedad a reevaluar el contrato social? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos para garantizar bienes públicos de calidad?
En este sentido, el primer aspecto que se vislumbra como urgente es la necesidad de aumentar la inversión en servicios públicos en México. ¿Cómo lograr esta expansión financiera de manera sostenible y equitativa? La experiencia europea proporciona valiosas lecciones en este sentido. Por ejemplo, en el Reino Unido, la combinación de impuestos directos e indirectos contribuye significativamente a los recursos destinados a los servicios públicos. ¿Podría nuestro país explorar un modelo de recaudación más robusto y progresivo para garantizar fondos adecuados para sus servicios públicos, como sucede en muchas partes del mundo? Mucho me temo que no.
La razón de la negativa es muy sencilla: dado que un segundo elemento crucial es la eficiencia en el uso de los recursos, tendríamos que partir por eliminar el uso con fines políticos de los recursos, algo que en México en el corto plazo no es viable. Asimismo, se requiere además de financiamiento, una gestión cuidadosa y una erradicación efectiva de la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas se vuelven entonces puntos esenciales para optimizar la asignación de dichos recursos. ¿Cómo podemos fortalecer las instituciones y los mecanismos de supervisión para garantizar que los recursos destinados a los servicios públicos se utilicen de manera eficiente y se traduzcan en mejoras tangibles para la población? Fortaleciendo el estado de derecho, algo que no sucede en la actualidad.
Un tercer elemento clave es la equidad en el acceso a los servicios públicos. Todos deberían poder acceder a los bienes públicos, es decir, se debe garantizar un acceso equitativo que promueva la igualdad de oportunidades. Siendo la calidad y disponibilidad de esos servicios en el mercado lo que defina quiénes los utilizan y quiénes no, de tal forma que, sin importar si es a través de bienes públicos o privados, se logre avanzar en el objetivo primordial de llegar a todos los estratos sociales, reduciendo de esa forma las desigualdades tanto sociales como económicas.
El “contrato social” de nuestro país necesita una renovación urgente, ya que es una decisión que impactará directamente en la vida de los ciudadanos. Si bien aumentar la recaudación puede generar inquietud debido al impacto directo en los bolsillos de los ciudadanos, es imperativo recordar que la falta de calidad en los servicios públicos tiene consecuencias económicas mayores para los más vulnerables, limitando sus oportunidades y perpetuando los ciclos de desigualdad económica. Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para garantizar que todos tengan acceso a servicios públicos de calidad? La respuesta es sencilla: hasta donde el bolsillo lo soporte. Por lo tanto, no solo se requiere de forma urgente una reforma fiscal que permita tener más recursos, sino también un impulso a la base productiva del país que permita crear más empleos y mejor pagados; de lo contrario, poco o nada se puede lograr.