Es el predial la respuesta

Cualquier análisis comparado de los ingresos tributarios de México, un país conocido por recaudar pooco, aunque ha ganado terreno en esa materia en los últimos años, muestra que el ingreso predial es la gran área de oportunidad. Nuestro centralizado sistema tributario nunca generó incentivos para invertir en la infraestructura y en los mecanismos de cumplimiento necesarios para cobrar con eficacia los tributos a la propiedad. Lo que persiste son padrones mal actualizados, reglamentaciones poco sólidas, diferencias enormes entre los valores catastrales y los de mercado, prácticamente un uso nulo de la tecnología, una lista interminable de excepciones y condonaciones, además de muy pocas consecuencias negativas en el caso de no pago.

Los problemas en el cobro del predial y de los registro públicos contribuyen a la informalidad y a la precariedad de la vivienda, ya que no generan certeza sobre la propiedad y, por tanto, desincentiva la inversión en la misma. El objetivo tendría que ser construir un registro nacional de propiedades, transparente, en el que se puedan conocer a detalle las características, la extensión, la propiedad, el valor de mercado y las obligaciones tributarias de cada uno de los predios. La construcción y administración de ese padrón tendría que ser construido por las autoridades de los tres niveles de gobierno, que tendrían la obligación de fortalecerlo y hacerlo útil para el cobro del predial. Las tasas y los subsidios se podrian definir a nivel local, dentro de un margen, mientras que los ingresos mayoritariamente municipales, para el pago de los servicios públicos y la infraestructura básica, pero podrían también ser compartidos, parcialmente, con los estados y la Federación, que destinarían recursos para financiar la infraestructura que se requiere. Las instituciones tributarias federales y estatales condicionarían acciones, como la devolución de impuestos, o el otorgamiento de ciertos permiso, al pago del predial. Además, todas las propiedades gubernamentales, de empresas y agencias públicas, así como las concesionadas, tendrían que pagar el predial. En esa lógica, en la que los gobiernos locales generen sus propios recursos, los municipios que no pueden cobrar el predial, por que la mayor parte de la propiedad es de carácter ejidal, o protegida, recibirían un subsidio para financiar su infraestructura.

Las entidades que más cobran el predial, la Ciudad de México y Quintana Roo, logran captar poco más que el 0.45% del su PIB, el promedio nacional es de alrededor de 0.2%, cuando en varias naciones de América Latina se capta hasta 2% del producto. En la capital del país las razones que explican  el interés en el cobro del predial fueron los años de disputas de recursos con el gobierno federal, que detenía recursos y condicionaba la deuda capitalina. En los lugares turísticos, es evidente que es posible gravar la propiedad de personas que no vivien en la localidad, ya que en una buena proporción de la misma solamente tienen sus propiedades ahí. Lo que se tiene que lograr es consolidar un esquema en el que todos los niveles de gobierno tengan incentivos para apoyar en fortalecer el cobro del predial. Instituciones como la CFE y el IMSS, por ejemplo, cuentan con información y mecanismos de cobro de enorme utilidad para lograr ese objetivo. Ese tipo de empresas estatales pueden servir de auxiliares en esa tarea y cobrar por los servicios que ofrecen. Se debe de construir un consenso en torno a la necesidad de incrementar en el corto plazo el cobro de ese impuesto, para alcanzar niveles similares a los de otras economías de ingreso medio. Se trata de un impuesto que grava en mayor medida a las personas con mayor patrimonio, que es relativamente fácil de administrar, ya que se puede conocer con facilidad la extensión y valor de los predios, y sobre el cuál también se puden establecer reducciones para personas en ciertas condiciones. Ahora, el incremento en el cobro no se logrará sin una política coordinada, encabezada y en buena medida financiada por el gobierno federal. Los 600 mmdp que se pueden obtener por el cobro efectivo pueden ser la diferencia para poder pagar inversiones hidráulicas, de movilidad, educativas y muchas otras que se requieren de manera urgente en el ámbito local.

Twitter: @vidallerenas