Expropiación

He incursionado en la propuesta legislativa, que se cocina en el senado de la república, para modificar la ley de pensiones, del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit y la de Fondos para el Retiro, con el objetivo, según se lee en la exposición de motivos, de “crear un fideicomiso, manejado por el Banco de México, para garantizar el derecho a la pensión y además será un Fondo que abone a complementar el monto de las pensiones insuficientes (sic)”.

El propósito se escucha muy plausible, pero más allá de sus implicaciones jurídicas, que se resumen en una sola, me preocupa un asunto implícito que requiere de una reflexión.

Cuando las cuatro leyes que se quieren modificar se volvieron derecho positivo a lo largo de los últimos 50 años del siglo pasado, cada una de ellas significó un largo proceso de negociación con empresarios, cámaras, el gobierno y el sector obrero. Para vigilar la transparencia del manejo de los fondos que implicaban la creación, operación y desarrollo de dichas instituciones, todos los involucrados deberían estar presentes o sus representantes. De tal suerte que el uso y destino de dichos recursos, dado que eran aportados de manera tripartita por el gobierno, los trabajadores y los patrones, tenían que ser manejados por ellos mismos.

En otras palabras, dichas instituciones no son parte del gobierno o del ejecutivo de manera directa, sino son espacios de negociación y acuerdo para, por ejemplo, invertir parte de los recursos de la enorme bolsa de recursos líquidos que tiene el Infonavit, en ciertos fondos de inversión a corto, mediano y largo plazo de la banca comercial. Esos recursos son de naturaleza tan privada, que el Inai no puede preguntar en que fondos se hizo la inversión, pues ese dinero es de los particulares llamados trabajadores.   

En el ISSSTE sucede algo similar. Los recursos de los que vive dicha institución no son recursos del gobierno, son recursos de los trabajadores al servicio del Estado, aunque de origen hayan salido del propio presupuesto del gobierno. Su gasto, orientación y destino, por lo tanto, son materia de discusión entre los trabajadores y la junta de gobierno del propio ISSSTE. No son, legalmente hablando, materia del interés y dominio del ejecutivo federal.

Hace muy mal, por lo tanto, el presidente y los diputados de Morena, en querer establecer con una ley superviniente, el destino y el objetivo de los recursos en administración de las 4 instituciones mencionadas, pasando por alto el interés para el que dichos fondos fueron creados y alimentados por más de 50 años, con los sueldos y las aportaciones patronales con las que dichos fondos han sido enriquecidos.

El asunto jurídico al que me refería al principio, es que en términos estrictamente legales, esta propuesta de ley, no es para la creación de un nuevo fondo para las pensiones del bienestar, es una expropiación con tintes absolutamente electorales e inconstitucional, por donde se le quiera ver. Nada más, pero nada menos, también.