Fitch reduce calificación crediticia a Petróleos Mexicanos

La agencia Fitch Ratings recortó las calificaciones crediticias de Pemex a largo plazo tanto en moneda local como extranjera, ubicándolas en “AA (mex)” y “BBB-”, respectivamente, con perspectiva Negativa, dejándolas al borde de perder el grado de inversión.

Lo anterior sucedió un día después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentara un nuevo esquema para aligerar la carga fiscal de la petrolera, mismo que le permitirá deducir este año 11,000 millones de pesos de los costos relacionados con proyectos en extracción y exploración; añadiendo que dicho ahorro se planea reinvertir en los anteriores rubros.

Entre los factores que impulsaron el recorte de calificación están la generación negativa y persistente del flujo libre de efectivo y una latente subinversión en exploración y producción. La medida recientemente anunciada por el gobierno mexicano para apoyar a Pemex parece no ser suficiente para contrarrestar el deterioro en el perfil crediticio de la compañía.

Cabe mencionar que el gobierno federal extrae grandes recursos de los fondos de Pemex para financiar el gasto público, lo que resulta en un bajo margen de maniobra a la empresa. Pemex reportó en el tercer trimestre del 2018 que el total de impuestos y derechos incrementó 17.9% a/a.

De igual modo, la empresa ha registrado una caída en su producción desde el 2004, cuando extraía alrededor de 3.4 millones de barriles por día, cuando en octubre pasado, la compañía produjo apenas 1.7 millones de barriles de crudo diarios.

Por otro lado, de acuerdo con Pemex y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la deuda financiera de la empresa durante el III Trim 18 fue de 1.99 billones de pesos.

Asimismo, se reporta que aproximadamente 86% de la deuda está denominada en moneda extranjera, principalmente en dólares estadounidenses. Cabe señalar que la deuda financiera incrementó notablemente durante la pasada administración, para una variación de más de 200% desde finales del 2012.

Resulta de vital importancia tener claro que una crisis financiera en Pemex podría interrumpir el suministro de combustibles líquidos en todo el país, lo cual generaría consecuencias sociopolíticas y económicas importantes para el gobierno y otras entidades.

Por otra parte, pese al recorte en la calificación, la petrolera se mantiene dentro de los niveles de grado de inversión, sin embargo, debe tomarse como un aviso importante para los tenedores de bonos y para el mismo gobierno federal.

Si bien, no es la primera vez que la calificadora Fitch le otorga la calificación de “BBB-” (marzo del 2000), sugiere un llamado de atención a la administración para involucrarse más en políticas de apoyo a la paraestatal.

En línea con lo anterior, una de las grandes interrogantes que surgen a raíz del anuncio, es si la calificación soberana de México sería también afectada próximamente. Si bien las finanzas públicas nacionales se han “despetrolizado” (dejando de representar cerca de 40% del ingreso de la hacienda pública en el 2008), al 2017 constituyen poco más de 15% de los ingresos presupuestarios.

Es por ello que no es posible descartar la posibilidad de un nuevo recorte por parte de las calificadoras a los bonos soberanos. Por lo tanto, resulta imperante que la actual administración actúe para evitar que se sume este escenario negativo.

Finalmente, la situación actual de Pemex sería consecuencia del alto grado de endeudamiento, del deterioro operativo de la empresa y del régimen fiscal que priva a la compañía de los recursos que necesita para el crecimiento.

A la entrante administración correspondería la responsabilidad de integrarse de manera más activa para fortalecer el perfil crediticio actual de la compañía, el lograr mayor independencia de los ingresos petroleros, y generar condiciones que hagan propicios mayores montos de inversión; de igual forma, asumir como referencia las acciones y comentarios de organizaciones internacionales y domésticas para fortalecer el canal de expectativas en aras de mantener finanzas públicas sanas.

*Alejandra Abarca y Alain Jaimes son analistas de Signum Research.