Gobierno y aeropuertos: la obsesión por la incertidumbre

Octubre empezó mal para los concesionarios de aeropuertos en México y después de que el Senado de la República apruebe la minuta de la Cámara de Diputados por la que se reforma la Ley Federal de Derechos, podemos afirmar que terminará peor. Por un lado, están los cambios a las condiciones tarifarias que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) comunicó a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a los diferentes grupos aeroportuarios que operan en nuestro país bajo la figura de concesión. Habrá que ver si esas nuevas condiciones serán exactamente igual para los asignatarios, que son los aeropuertos que son operados por el gobierno, particularmente aquellos operados por el Ejército, como el AIFA.

Se trata de una modificación unilateral, aunque desde el gobierno federal se insista en hacer creer que son cambios “acordados” con los concesionarios. Sin embargo, en los comunicados emitidos por los grupos ASUR y OMA, se utiliza un lenguaje que en ningún momento se maneja la idea de que fueron cambios acordados entre autoridades y concesionarios. Lo anterior es de gran relevancia, sobre todo porque la condición 10.8 de los títulos de concesión dispone que “las condiciones establecidas en la presente Concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre la Secretaría y el Concesionario, de conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables”.

Luego está el albazo aprobado por la Cámara de Diputados cuando en la tarde de la sesión celebrada el miércoles pasado, de pronto se presentó una reserva para modificar los artículos 219, 220 y 221 de la Ley Federal de Derechos, reserva que además incluía la adición de un nuevo artículo 220-A por el que se establece un trato discriminatorio en perjuicio de los aeropuertos concesionados (privados), a quienes se les empezará a cobrar un derecho consistente en el 9% de los ingresos brutos que obtengan por la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, mientras que los aeropuertos operados por asignatarios (el Ejército), solo pagarán el 5% de sus ingresos brutos por los mismos servicios.

Digo albazo porque la modificación aprobada por los diputados, ni siquiera estuvo precedida por una exposición de motivos que justifique la necesidad de la modificación legal. Simplemente fue deslizada de repente.

Si bien es cierto que las concesiones otorgadas por el gobierno federal generalmente prevén que bajo determinadas circunstancias algunas condiciones u obligaciones de los títulos de concesión respectivos puedan verse modificados durante la vigencia de estos, también es cierto que cualquier modificación debe surgir a partir de un procedimiento claramente definido, con plazos que brinden certeza a todas las partes y que, sobre todo, estén debidamente fundados y motivados. En el caso de los cambios a las bases tarifarias, parecería que ello no ocurrió.

El incremento al porcentaje de los ingresos brutos que los concesionarios deberán pagar a partir del próximo año por el uso, goce o explotación de los aeropuertos a su cargo, que esta semana aprobará el grupo mayoritario en el Senado, representa un cambio significativo en las condiciones de las concesiones, modificación que como señalé arriba, no le será impuesta a los gobiernos operados por el Ejército.

Se trata del mismo modus operandi que ha utilizado el gobierno del presidente López Obrador a lo largo de los cinco años que lleva su administración: el arrebato administrativo o el albazo legislativo que desprecia la necesidad de brindar certeza jurídica al sector privado.

Ya vimos estos arrebatos o manotazos con las empresas que habían obtenido contratos para construir gasoductos y suministrar gas a la CFE al inicio de la presente administración a las que se presionó para modificar las condiciones de dichos contratos. En el mismo tono está el asedio a los generadores privados de electricidad, que nos tiene en la antesala de un panel de controversias con los Estados Unidos.

Se repite la historia: cambios carentes de una motivación lógica, instrumentados de manera discrecional, casi caprichosos, que solo recaen sobre la inversión privada y que crean ventaja para las empresas del gobierno. Han sido cinco años de escenarios adversos para la inversión privada y muchos siguen entusiasmados con otros seis años de lo mismo.

@GerardoFloresR