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¿Incautar el patrimonio cultural de Banamex?
Dados los antecedentes, resultó natural que la empresa accionista de Banamex contestara tajante: “son parte indivisible de la puesta en venta y nada se venderá por partes”.
Sorpresivamente, un personaje de la historia de México que parecía olvidado (Luis Cabrera, secretario de Hacienda de Venustiano Carranza) fue resucitado para el debate público por el canciller, Marcelo Ebrard. En su momento, el ministro Cabrera incautó las reservas en metálico de los bancos y justificó la medida proclamando, textualmente, que el “dinero había que tomarlo de donde fuera”. Por su parte, apenas el domingo de la semana pasada, el ministro Ebrard escribió en redes sociales que el acervo cultural y artístico de Banamex “debería pasar a propiedad nacional…”.
Lo primero que aparece sobre la propuesta es respecto a su justificación y coherencia. En este sentido, el funcionario expresó (saliéndose de su jurisdicción, por cierto) que la transferencia de propiedad invocada debería darse “para su preservación”. Sin embargo, no hay en el horizonte previsión de que ese patrimonio esté en peligro de desaparición, exportación o desmembramiento. Además, tampoco hay dudas sobre su legitimidad y legalidad.
Banamex fue adquiriendo con recursos propios las obras de arte y los documentos que integran ese patrimonio cultural. Y aún más, los ha conservado y exhibido con apoyo en una curaduría profesional muy costosa. A mayor abundamiento, un experto en arte de la UNAM opinó al respecto que, desde su origen, esa colección de arte se fue conformando bajo el criterio de “una producción que los museos nacionales no se ocuparon en hacer…”. Así, dados esos antecedentes, resultó natural que la empresa accionista de Banamex contestara tajante ante la propuesta de Ebrard que “Fomento Cultural Citibanamex junto con los acervos… son parte indivisible de la puesta en venta y nada se venderá por partes”.
Sin duda, la parte más debatible de la propuesta del canciller es la justificación que se sacó de la manga para ejecutar esa apropiación patrimonial: “podría ser una retribución al enorme e injusto apoyo que hemos dado los contribuyentes con los cuantiosos pagos anuales para cubrir pagarés IBAB, mejor conocidos por Fobaproa”.
¿Con base en cuál figura jurídica podría materializarse esa transferencia patrimonial en favor del Estado? La confiscación y la incautación son ilegales y la expropiación requeriría de un pago por parte del gobierno por los bienes objeto de expropiación. No estaría por demás que nuestro desorientado canciller buscara no meterse en los terrenos de la Secretaría de Educación Pública, además de conseguirse la asesoría de un buen abogado en Derecho Administrativo.