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Opinión

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Informalidad laboral

Recientemente, la Cepal presentó sus estimaciones sobre la informalidad en México. Se destaca que la informalidad reporta tasas superiores a las de países con economías de similar nivel de desarrollo y que, regionalmente alcanza niveles que se observan en países africanos. Particularmente en el sur de México, la informalidad hace que ocho de cada 10 empleos sean informales y que no generen beneficios de seguridad social ni empleos estables.

De forma simplista, frecuentemente se quiere atribuir la informalidad a dos condiciones extremas, ambas igualmente equivocadas. Una asume que las personas prefieren la informalidad y otra que ésta es simplemente producto de una visión utilitarista de las empresas.

Como todo problema complejo, las explicaciones simples son equivocadas. La informalidad en nuestro país es a la vez causa y efecto de problemas y condiciones mucho más complejos. Por la informalidad, un elevado porcentaje de la población (50% a nivel nacional) no genera con su trabajo cobertura de seguridad social previsional, que les permita atender temas de salud ni cubrir los aspectos relacionados con su retiro futuro.

En el estudio “Determinantes principales de la informalidad” de Robles y Martínez, se muestra que existe un componente regional muy marcado en la informalidad en México. Mientras que en la región norte del país la probabilidad de informalidad es de 47%, en el sur la probabilidad asciende a 95 por ciento. 

Evidentemente, la estructura económica en las regiones tiene una incidencia en el comportamiento de la informalidad. Aquellos estados con una mayor vocación industrial o de manufactura, tienden a tener menor componente de informalidad; mientras que aquellos con un mayor componente hacia el sector de servicios, presentan mayores grados de informalidad laboral.

De acuerdo con un estudio de la OCDE, algunos de los factores que propician la informalidad laboral en América Latina y el Caribe son la baja productividad laboral, las competencias laborales insuficientes, los bajos incentivos a la formalidad de las empresas y marcos institucionales y legales deficientes y complejos, que encarecen o inhiben la formalización de las unidades económicas.

Las empresas que más demandan empleos formales son aquellas que, a su vez, requieren personal con mayor grado de especialización y aquellas orientadas a sectores cuyas relaciones de negocio son más grandes y complejas, también requieren demostrar estructuras laborales formales; condición esta última que se acrecentará a partir de las condiciones establecidas en el T-MEC.

Uno de los factores que en México explica el muy bajo nivel de recaudación fiscal, está asociado precisamente con el nivel de informalidad. Empresas que contratan trabajadores bajo condiciones de informalidad, operan mayoritariamente en la informalidad y, consecuentemente, no generan obligaciones fiscales. Y si bien se trata mayoritariamente de empresas pequeñas, en el agregado representan el mayor número de empleos en el país. Por ello, una reforma fiscal que no atienda puntualmente resolver la informalidad será incompleta.

Como todos los temas complejos, la tentación de elaborar políticas públicas que tratan de abordar fenómenos como la informalidad con soluciones simplistas, frecuentemente terminan por agravar los problemas.

Para un país como México, la informalidad es obstáculo para lograr una cobertura de Seguridad Social más amplia, para mejores condiciones de ingreso y laborales para la mayoría de la población, alcanzar una recaudación más acorde con el tamaño de la economía y lograr una reducción de la profunda desigualdad; pero si no generamos incentivos adecuados a las empresas, no se simplifica el marco normativo, no se abate la corrupción y no se crean procesos graduales de transición, tendremos efectos negativos que profundizarán la de por sí precaria condición del empleo en nuestro país.

raul@martinezsolares.com.mx

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo.

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