La Marea Verde en América Latina

Era cuestión de tiempo que la interrupción legal del embarazo fuera una realidad en Argentina. Fue una promesa de campaña del Presidente Fernández y, sin duda, una conquista del feminismo. Ese país siguió los pasos del vecino Uruguay. Hace poco Irlanda, otra nación que tiene como religión oficial el catolicismo, también aprobó legislación en ese sentido. Ahora, en la Argentina, el estado tendrá la responsabilidad de proporcionar los servicios que se requieran para ese propósito. Eso es algo perfectamente posible, sin mayores cambios en el sistema de salud, como lo demuestra la experiencia de la Ciudad de México, que ha realizado más de 200 mil interrupciones, sin mayores riesgos para las mujeres que los practican. En realidad, América Latina llega tarde a lo que es una política más que común en los países de occidente. Por más que en algunos, como los Estados Unidos, el ejercicio de ese derecho está en riesgo, como se puede ver en una de las películas más relevantes del año, “Casi nunca, a veces, siempre”. El punto es que,independientemente de la cultura e incluso la postura religiosa de las naciones, resulta cada vez más evidente lo absurdo de penalizar la interrupción del embarazo. Se tiene que regular para garantizar a las mujeres la posibilidad de practicarlo de manera segura. Las políticas de información y apoyo a la salud sexual y reproductiva de las mujeres son, por supuesto, indispensables, de hecho, es necesario reforzarlas, pero no son sustituto a la necesidad de facilitar la interrupción de un embarazo cuando una mujer así lo decide. 

Criminalizar el aborto es sencillamente una política pública fallida. Lo es porque no se respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Lo es porque se utilizan recursos policiales y judiciales del estado para perseguir una acción que no daña a la sociedad. Lo es porque eso no disminuye ni se elimina, la práctica del aborto, sólo lo hace más riesgoso. Lo es porque encarcelar a una mujer que aborta es uno de los actos legales más inhumanos y retrógradas que se mantienen en ciertas legislaciones. Al escuchar por un rato el debate del Senado Argentino, nos percatamos enseguida que no hay mucho qué argumentar en contra de esta práctica, que es un tema superado, que no se puede pensar que estamos avanzando en la agenda de derechos de las mujeres si se mantiene la criminalización de la interrupción del embarazo. 

México hace diez años, avanzó mucho en la agenda de la despenalización cuando la interrupción legal del embarazo se aprobó en la Ciudad de México. Sin embargo, el aborto se dejó como un tema a decidir en el ámbito regional, lo cuál es problemático, como lo demuestra la experiencia de Estados Unidos. Desde entonces existen ciertos avances, como en Oaxaca, pero claros retrocesos, como en El Bajío. 

Es verdad que no se avanza porque se piensa que eso tiene costos políticos para quienes lo defienden, sin embargo, no existe evidencia de que ese tema sea de relevancia para definir una elección. Lo que demuestra la experiencia en Argentina es que, legislar en materia de ILE, representa un paso muy importante para la emancipación de las mujeres y el ejercicio del derecho a decidir sobre sus cuerpos; y no implica ningún conflicto grave a la sociedad regular una práctica que se realiza con frecuencia, de manera segura si se cuenta con los medios económicos y que, en cambio, para las mujeres de pocos recursos, se traduce en un riesgo para su vida y su libertad de decidir sobre un tema tan trascendente como la maternidad. Una de las senadoras que defendieron la enmienda, argumentaba que el aborto es una realidad de hace mucho tiempo, que nuestras madres, nuestras abuelas abortaban y que lo único que se hace es reconocer esa realidad y evitar que las mujeres se pongan en riesgo. Construir una ruta para la despenalización del aborto a nivel nacional en México es posible y debe ser responsabilidad de quienes defendemos agendas progresistas, pero también de quienes no lo hacen, es decir, el Estado no se debe utilizar esto como un instrumento para someter y encarcelar mujeres u orillarlas a prácticas médicas clandestinas por haber decidido interrumpir un embarazo. Hoy Argentina nos pone el ejemplo. Y nos queda claro que el debate es: Aborto legal, seguro y gratuito o clandestino.