La delicada balanza entre derechos fundamentales

“Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar”: Ramsey Clark.

La Asociación Mexicana de Cirugía General, A. C., lleva a cabo esta semana su XLVII Congreso Internacional en el Poliforum León. Uno de los módulos temáticos tratará de los aspectos legales en la práctica quirúrgica y es coordinado por la brillante cirujana y abogada la Dra. Elena López Gavito, quien me solicitó participara con una conferencia magistral con el tema de los derechos del médico en el ejercicio profesional.

Esta columna trata de manera sucinta mi visión de la delicada balanza entre derechos fundamentales, libertad de prescripción y objeción de conciencia, temas que están en la agenda de la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión. Para el lector reflexivo, estos temas no deben ser meras disertaciones teóricas, pues representan desafíos reales y persistentes en nuestra sociedad que exigen soluciones equitativas y justas.

Por ello, conminaré tanto a mis colegas cirujanos como a los legislativos para que el diálogo y el entendimiento mutuo prevalezcan en estas discusiones. No podemos permitir que la polarización y la intransigencia dicten las decisiones en un campo tan vital como la salud.

Contextualizo: En los últimos tiempos, los cimientos del sistema de salud se han sacudido por debates intensos, donde se entrecruzan lo médico, lo ético y lo legal. A medida que la sociedad evoluciona, las perspectivas sobre los derechos fundamentales, la libertad de prescripción y la objeción de conciencia han emergido con una fuerza renovada, desafiando el statu quo y poniendo en el punto de mira las decisiones que afectan a la vida y bienestar de las personas.

Si bien el compromiso por respetar los derechos fundamentales del individuo ha sido una piedra angular en las democracias modernas, hecho que ocurrió en nuestro país al cambiar la Carta Magna el 10 de junio del 2011, al establecer en el artículo primero que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” Sin embargo, la forma en que se entrelazan los derechos fundamentales con otros derechos y libertades, particularmente en el ámbito médico, sigue siendo un tema de constante debate. 

Para empezar, los derechos fundamentales son aquellos inherentes a todo ser humano, que se consideran universales, inalienables e imprescindibles para la dignidad del individuo. Estos derechos, que incluyen la vida, la libertad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y la búsqueda de la felicidad, son pilares en cualquier sociedad democrática y se espera que sean protegidos y respetados por todos, incluidas las instituciones gubernamentales. Sin embargo, su interpretación y aplicación no están exentas de controversia.

Una de las áreas donde esta tensión se manifiesta con claridad es en el campo de la medicina. La libertad de prescripción refiere a la facultad del médico de decidir, basado en su conocimiento y experiencia, qué medicamentos o tratamientos son los más adecuados para un paciente específico. Esta libertad, respaldada por la ciencia y la formación médica, a menudo se ve en contraposición con las directrices políticas o económicas que pueden limitar el acceso a ciertos medicamentos o tratamientos.

Por ejemplo, si un medicamento innovador, pero costoso, se considera el más adecuado para un paciente, ¿debe un médico abstenerse de recetarlo debido a consideraciones económicas o políticas? ¿debe prescribirlo aunque se aleje de las guías clínicas vigentes, aunque no actualizadas? La respuesta, para muchos, radica en el equilibrio entre la autonomía del médico y las realidades prácticas de la economía y la política.

En este contexto, emerge la objeción de conciencia como otro punto de inflexión en el debate. Esta objeción permite a los profesionales de la salud abstenerse de realizar ciertos procedimientos o tratamientos que vayan en contra de sus convicciones éticas, morales, religiosas o ideológicas. Sin embargo, y es aquí donde la controversia se intensifica, esta objeción no debe usarse como excusa para evadir responsabilidades o negar servicios esenciales de salud. En otras palabras, el ejercicio de la objeción de conciencia no puede, y no debe, comprometer el bienestar y los derechos de los pacientes.

La pregunta entonces surge: ¿Cómo balanceamos el respeto a las convicciones personales de un médico con el deber primordial de cuidar y proteger a los pacientes? ¿Dónde se traza la línea? ¿es más importante la autonomía del médico o el derecho del paciente a recibir un tratamiento? Las respuestas a esta pregunta son tan variadas como complejas, y se extienden desde el reconocimiento y respeto de la objeción hasta el establecimiento de protocolos que aseguren que ningún paciente se quede sin atención médica adecuada.

Las instituciones tienen un papel crucial en este equilibrio. Deben adoptar medidas que garanticen la disponibilidad de personal no objetor y, al mismo tiempo, proteger los derechos de aquellos profesionales que, por razones de conciencia, eligen abstenerse de ciertos procedimientos. Esto, sin duda, requiere una gestión administrativa cuidadosa y una profunda reflexión ética.

Concluyo que estos tres temas, aunque distintos, convergen en una sola premisa: el respeto a la dignidad y autonomía del ser humano. Ya sea que hablemos del paciente (que puede también ser un médico), con sus derechos fundamentales; del médico, con su libertad de prescripción; o de ambos, cuando entra en juego la objeción de conciencia, la clave está en encontrar el equilibrio. El desafío actual es encontrar soluciones que permitan que tanto médicos como pacientes se sientan respaldados, escuchados y respetados.

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Éctor Jaime Ramírez Barba es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXV Legislatura.