La disyuntiva del Inai

Los comisionados del Inai emplazaron —hace dos meses— a Claudia Sheinbaum para dialogar sobre la pertinencia de su trabajo. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador simplemente nunca tuvieron un contacto formal, ni con Luisa María Alcalde y mucho menos, con Roberto Salcedo Aquino.

El equipo de la candidata triunfadora de los comicios —Javier Corral y Muna Dora Buchahin— acudieron a la sede del Inai para escuchar de viva voz, propuestas y planteamientos ante lo inevitable: la reforma constitucional promovida por AMLO para desaparecer a siete autónomos, incluido el órgano que tutela los derechos de acceso a la información gubernamental y la protección de datos personales en posesión de terceros.

El proceso para dictar la iniciativa presidencial ha concluido en la Cámara de Diputados. El Pleno tiene la última palabra y no obstante, los comisionados de los órganos especializados —el nacional y los 32 estatales— se han decidido por una estrategia de “diálogo abierto”, didáctico y sin confrontaciones, para esta etapa final.

¿Y la rendición de cuentas? A dos meses del arranque de la nueva administración federal, el proceso de entrega-recepción llega a su etapa definitiva... sin la intervención directa del órgano autónomo. La instancia rectora, por diseño institucional, será la Secretaría de la Función Pública.

Hace cuatro meses, los mandos medios y superiores —incluidos los funcionarios adscritos a las oficina de los secretarios de estados, las Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y las entidades paraestatales— comenzaron a recibir las instrucciones para cumplir puntualmente con lo previsto en los procedimientos.

El arranque formal ocurrió el 5 de julio del 2023, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un primer acuerdo. Y el 11 de julio siguiente aparecieron los lineamientos generales para la regulación de los procedimientos de rendición de cuentas de la administración pública federal.

En el plano individual, aquellos servidores públicos que ocupen cargos —desde Jefatura de Departamento hasta titular de la Secretaría— están obligados a presentar una acta administrativa de entrega-recepción individual o, en su defecto, un informe de gestión individual, cuando se separen de su empleo, cargo o comisión.

En este último supuesto, los sujetos obligados deberán entregar el informe de gestión por escrito y con firma autógrafa, dentro de los 15 días siguientes hábiles a que surta efectos su separación, a la persona que recibe el cargo o en su defecto, al superior jerárquico o a quien este designe.

El artículo 50 de los lineamientos generales enlista los apartados que deberán ser consignados de dichos informes de gestión. Algunas dependencias federales han elaborado un formato para su presentación, aunque su utilización es opcional.

La iniciativa de reforma propone que la Función Pública absorba las funciones del Inai, para ahorrar recursos y eficientizar la aplicación de la legislación vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 

Sin expectativas para coadyuvar en la entrega-recepción y con escasas opciones para establecer un “diálogo horizontal y respetuoso” con el Legislativo y la administración entrante, los comisionados intentan desesperadamente refutar la “campaña de desinformación” de la que se dicen víctimas y tener certeza sobre quién está detrás de la intención de desaparecer al Inai.

La ruta de la controversia constitucional es inevitable.