La liberación del IEEM

El diferendo entre el Congreso del Estado de México —de amplia mayoría morenista— y el gobernador priista Alfredo Del Mazo González, retrasó dos meses la aprobación del paquete económico para el 2022. El Instituto Electoral de la entidad también resultó parcialmente afectado por el atorón presupuestal y la austeridad republicana. 

En el año previo a la renovación de los poderes locales, ese órgano autónomo recibirá 1,380 millones de pesos; 55% de los cuales serán transferidos directamente —vía prerrogativas— a los partidos políticos con registro local. 

De los 576 millones de pesos que el IEEM dispondrá para su gasto ordinario, 131 millones son para servicios generales y 445 millones para el llamado capítulo 1000, con el que se cubren las remuneraciones de una burocracia que acumula 26 años de experiencia, desde la instauración de esta entidad, cuando Emilio Chuayffet fue gobernador. 

Los sueldos y las dietas para el personal de base y transitorio representan apenas la mitad de los 205 millones de pesos contemplado en el capítulo 1300, concepto en el que se engloban las primas por año de servicio, las compensaciones, los aguinaldos y otras gratificaciones para mandos medios y superiores. 

La definición del presupuesto para el IEEM es facultad del Legislativo. Pero su distribución es potestad única del pleno del Consejo General, cuyos integrantes celebraron ayer su novena sesión extraordinaria del año, por cinco sesiones ordinarias en apenas seis meses. 

Fue la última encabezada por Laura Daniella Durán Ceja, quien fungió como presidenta provisional del Instituto desde el fallecimiento de Pedro Zamudio, en diciembre del 2020. En cumplimiento a la legislación local, el INE postergó la elección del nuevo presidente consejero hasta que concluyó el proceso electoral intermedio. En el camino determinó que sea mujer la nueva titular. 

La impronta de Durán Ceja quedó definida ayer, con un rediseño institucional que transfiere la Unidad Técnica de Fiscalización a la Dirección de Partidos Políticos, crea la Unidad para la Coordinación de los trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política, e impone nuevos lineamientos para garantizar la postulación e integración paritaria e incluyente en los órganos de elección popular en el Estado de México. 

El relevo en el IEEM debe concretarse a más tardar este jueves 30. Amalia Pulido Gómez fue electa como única candidata para consejera presidenta, para cubrir un periodo de siete años, por la Comisión de Vinculación de los OPLES. La propuesta será sometida a la valoración del Consejo General, junto con otras siete consejeras presidentas de OPLES. 

Sólo en el caso de Baja California Sur, el Pleno del INE votará entre dos opciones —Alejandro Palacios Espinosa o Mirna Guadalupe Fiol Herrera— para ocupar la presidencia, mientras que Cinthya Nimbe González Arriaga y Fernando García Ramos están en la dupla por la vacante de una consejería electoral en Veracruz. 

Después de una prolongada evaluación, Ravel Cuevas remitirá la propuesta que de última hora sufrió un enroque: Laura Aracely Lozada Nájera fue propuesta para la vacante en una consejería electoral, y María Magdalena González Escalona, para la presidencia del OPL, ambas en Hidalgo. 

Efectos secundarios

MALOS CÁLCULOS. El gobierno federal depende de la iniciativa privada para concretar su ambicioso plan de infraestructura, pero las decisiones políticas dan al traste con la planeación. El tren interurbano México-Toluca está incompleto, por el tramo a cargo del gobierno de la Ciudad de México, y no obstante las ampliaciones presupuestales, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum decidió cancelar el contrato del tramo tres de esa obra, otorgado a

CAABSA. La decisión ya le fue notificada a los empresarios, también propietarios de OHL en España y se espera que el anuncio se haga público una vez que elijan a las compañías que tomarán los trabajos. CAABSA no obtuvo financiamiento de Banobras ni tampoco de bancos privados para hacer frente al compromiso. 

ENTRAMPADOS. Al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegará la pugna entre SAP México, Dominion Smart Innovation y Mexel. Y es que la firma que encabeza … pretende que los ministros admitan un recurso de revisión sobre el fallo que obligaría desembolsar 30 millones de dólares, por concepto de suerte principal, intereses legales causados, gastos, costas y una condena específica por concepto de daños punitivo. El pasado 4 de mayo del 2022, los magistrados del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil negara el amparo promovido por SAP México solicitó atraer el caso a la Primera Sala de la SCJN, pero los ministros rechazaron su pedimento.