La mayor concentración de empresas en una situación de la crisis pospandemia

Independientemente de la pandemia, o con los datos de política macroeconómica y microeconómica que ha aplicado el actual gobierno, la política de competencia –si todavía existe a lo largo de la crisis económica- no tendrá efectos positivos en el grado de concentración de los mercados. Algunos opinamos que ni siquiera es un gobierno de izquierda, pues ésta implica transformar la estructura de los grupos de interés existentes. Debería haber una fuerte regulación para controlar los abusos de los bancos, que desde 1990 brilla por su ausencia con sus elevadas tasas de interés que impiden la democratización del crédito a favor de las mipymes y que no han sido tocados ni por el pétalo de una rosa. La política de competencia, ante el aumento de precios en determinados sectores –especialmente los que afectan a los más vulnerables- y las miles de empresas que ya han quebrado en situaciones de crisis, aumentarán la concentración de mercado ante la compra de estas empresas quebradas por parte de los oligopolios multinacionales (Aeroméxico-Mexicana y Sidral Mundet en la actualidad y la compra de bancos mexicanos a manos extranjeros en 1995). Mi hipótesis es que las concentraciones de empresas en crisis no deben ser aprobadas, sino entregadas –como en Argentina- en cooperativas, vendidas en pequeñas unidades con apoyo estatal –como en Argentina y Perú-, o través de nacionalizaciones parciales para después venderlas a empresas competidoras  no dominantes. 

¿Existen relativamente pocos estudios que hayan intentado cuantificar, para el caso mexicano, el daño ocasionado por la falta de competencia? En particular, en estudios de a veces más de diez años, la OCDE y la entonces Comisión Federal de Competencia impulsaron varios estudios en este sentido. Así, por ejemplo, para el caso del sector farmacéutico, se encontró que los consumidores mexicanos podrían ahorrar 2,700 millones de dólares anuales si los medicamentos genéricos sin marca alcanzaran una participación de mercado similar a la observada en los Estados Unidos. En telecomunicaciones, se concluyó que si la tarifa de terminación móvil bajara al promedio de los países de la OCDE, los precios de la telefonía móvil y fija en México se reducirían en 18 y 9%, respectivamente. Para el caso del transporte aéreo de personas, se concluyó que, en las rutas donde compite al menos una línea aérea de bajo costo, las tarifas aéreas son 30% menores. Asimismo, en materia de transporte foráneo de pasajeros, se encontró que una mayor concurrencia en la prestación del servicio podría reducir los precios hasta en 10 por ciento. De esta manera, en las investigaciones realizadas por la autoridad de competencia para sancionar prácticas monopólicas existen estimaciones del daño causado, principalmente desde el punto de vista de los consumidores en términos del sobreprecio pagado. En la investigación ahora famosa y polémica realizada sobre acuerdos colusorios en las licitaciones que convocó el Instituto Mexicano del Seguro Social para la adquisición de insulina y soluciones electrolíticas (sueros), se estimó un sobreprecio en las compras realizadas por el IMSS de 57% en el primero de estos productos y de 14% en el segundo. Como resultado de estos sobreprecios, las ganancias indebidas por parte de las empresas que incurrieron en la colusión, a costa del presupuesto del IMSS, de acuerdo con la Cofeco, fueron superiores a los 500 millones de pesos en valor de hace casi una década. 

Por otro lado, algunos de los estudios más conocidos para evaluar la pérdida social ocasionada por la insuficiente competencia en México son los que elaboró Urzúa. Urzúa utilizo datos de la ENIGH y concluye que, para el caso de siete bienes -o más bien, grupos de bienes- de consumo (tortilla de maíz; carnes procesadas; pollo y huevo; leche de vaca; refrescos, jugos envasados y agua embotellada; cerveza; y medicamentos adquiridos con o sin receta), las pérdidas sociales ocasionados por el ejercicio del poder de mercado de las empresas que participan en estos mercados no solamente son significativas, sino que también son regresivas. En particular, según Urzúa, la pérdida en bienestar, como porcentaje del gasto en esos bienes, para los hogares urbanos es de 33% para el decil de mayor ingreso y de 39% para el decil de menor ingreso; en el caso de los hogares rurales, la pérdida en bienestar es de 38 y 46% para los deciles de mayor y menor ingreso, respectivamente. Posteriormente Urzúa agrega el análisis de competencia de seis tipos de servicios (transporte; educación; comunicaciones; energía; servicios de salud; y servicios financieros), y señala que, para esos mercados, una vez que se conjuntan dichos resultados con los obtenidos en el estudio previo para el caso de bienes de consumo, el autor concluye que las pérdidas totales en el bienestar son relativamente mayores en el caso de los estratos de menores ingresos, así como en el caso de las entidades federativas más pobres. 

En bienes de consumo necesario, los precios son superiores para los deciles bajos en más de un 10% del precio a favor de las grandes empresas. Si esta crisis aumenta –como se espera- los precios en los productos de la canasta básica, por un aumento de la demanda, qué debe esperarse de la Cofece si asume una política laxa –como hasta ahora-, en la autorización de empresas dominantes para adquirir empresas concursadas, en lugar de buscar las oportunidades que la crisis ofrece para lograr estructuras económicas más justas, como hubiera sido de esperarse de un gobierno de izquierda. El resultado final de la crisis será un aumento exponencial de la reserva laboral de trabajadores desempleados, acompañada de una economía con estructuras más oligopólicas, que las que existían antes de la pandemia. Y sin la mafia del poder tocada, pues ahora es cómplice del mismo, concluiremos que un gobierno de pseudoizquierda habrá al final de su sexenio acentuado más las injusticias sociales que un gobierno de derecha como a los que estábamos acostumbrados.