La política de competencia es parte de una política moderna de izquierda

Las corrientes actuales de la economía (Escuela de Chicago, Escuela Austríaca, Escuela Evolucionista) han defendido que la política de competencia constituye un elemento necesario para el funcionamiento óptimo de los mercados, pero dejando, de hecho, a la competencia a un lado, en aras de la innovación y la eficiencia (hacer más, crear riqueza, pero sin preocuparse por el cómo se distribuye ésta). Y con esto han hecho un flaco servicio al propio capitalismo.

El origen moderno de las normas antitrust proviene de la Ley Sherman de 1890, como una manera de frenar los oligopolios de los ferrocarriles y del petróleo, en perjuicio “de la gente de a pie” y del pequeño comercio. Fue considerada la “madre de la libertad de empresa”, necesaria para limitar los excesos de la plutocracia norteamericana. Y así se mantuvo hasta mediados del siglo pasado, en que la Escuela austríaca (Von Mises, Hayek), complementados con la Escuela neoclásica de economía protagonizada estelarmente por Milton Friedman y Murray Rothbard en Poder y mercado, nos hicieron creer que la mejor política de competencia era la que no existía, argumentando que el capitalismo necesita de las grandes empresas para poder innovar, al estilo schumpeteriano, que el tamaño de las empresas no importa y que éstas tienen por finalidad la protección del consumidor y la mentada eficiencia, haciendo a un lado la importancia de las pequeñas y medianas empresas en una economía de mercado y la necesidad primaria de impedir la formación de posiciones dominantes en los agentes económicos.

El efecto de estas políticas lo tenemos ante nuestros ojos: el panorama empresarial se ha convertido en lo que algunos autores han denominado el capitalismo gris, donde los agentes económicos están más interesadas en cumplir las reglas del gobierno corporativo, pero paradójicamente pierden el afán de innovar, piedra filosofal del capitalismo y la conservación del statu quo, con los millonarios haciéndose cada vez más ricos y las clases medias en camino de desaparecer, junto con un incremento de la miseria.

Aquí es donde hay que retomar —si gana además la Presidencia el que todos saben— que una vigorosa política de competencia es una política pública de izquierda, ya que tiene, entre otras finalidades, proteger al pequeño y mediano empresario, fomentar la igualdad e impedir la creación de grandes fortunas al amparo de los monopolios. Y no es casualidad que la Ley Sherman haya sido expedida a instancias de los demócratas y a que en México la primera ley importante antimonopolios fuera expedida por Lázaro Cárdenas en 1934, pues esas regulaciones perseguían evitar el enemigo mortal de la competencia: los monopolios y las estructuras de mercado oligopólicas. Tampoco es casualidad que la primera ley del gobierno “legítimo” de Andrés Manuel haya sido una ley de competencia, la Ley de Precios Competitivos en el 2006. La izquierda moderna —cuyo hito fue la aceptación por parte del Partido Socialista alemán de la economía de mercado en sus estatutos— cree en el mercado y en la libertad y condena las fuertes estructuras que impiden la libertad de empresa y en palabras de Joan Ginebra, logran una “sana poligamia” en el mercado, con una mejor distribución de la riqueza y la proliferación de micro, pequeñas y medianas empresas que son la auténtica fuente de desarrollo económico. Por eso, cuando AMLO habla de “la mafia del poder” se refiere a aquellas empresas que se han hecho grandes a costa de sus influencias y del crony capitalism que los americanos padecen actualmente, más parecidos a las vacas de ordeña que a un atleta que busca una medalla. Por eso, a nuestro juicio, al menos en la competencia económica, el hecho de que llegue un presidente de centro-izquierda no debe hacernos temblar pensando en su desaparición, sino, por el contrario, puede llevarnos a una cancha más pareja y a una política de competencia más vigorosa.

*Máster y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.