La trampa mortal

En uso y abuso de sus conocidas técnicas y estrategias para tratar de salirse con la suya contra la democracia mexicana o el sentido común, el presidente ha llenado su salida del gobierno con una agenda que básicamente atiende a sus deseos y sus caprichos.

El primero es la sobrerrepresentación que quiere para su alianza, de la cual se ha discutido mucho por expertos y enterados. El segundo ronda sobre la reforma en materia de la SCJN. El tercero se refiere a la aprobación de la ley que le da al amparo beneficios sólo a quien presente una demanda y un arma política que significa otorgar perdón a juicio del propio Ejecutivo, lo que de facto lo pone por encima del Poder Judicial. Y, finalmente: la integración del gabinete.

Sobre la condenable intención de lograr una sobrerrepresentación inmerecida, diré algo cuando el INE y el TEPJF concluyan sus trabajos. Sobre el gabinete tampoco diré nada. La presidenta virtual va camino a un inicio de mandato complejo y necesita de una gran madurez sobre lo que ella, de verdad, quiere o no.

Sin embargo, se está configurando una tormenta perfecta con la aprobación de una ley en contra de los efectos generales en sentencias de amparo, perdón dado por el Ejecutivo y la reforma al Poder Judicial. 

El pasado 12 de julio, más de 250 integrantes del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en contra de la reforma constitucional promovida por el presidente López Obrador. A lo que el presidente López Obrador sostuvo que hay apertura al diálogo, pero la elección de juzgadores por voto popular y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal no son, en su propuesta, negociables.

De nada han servido los análisis hechos por expertos y notoriamente por el ministro en retiro José Ramón Cossío, en el sentido de que la elección es simple y llanamente imposible de realizarse en términos prácticos y materiales. En los cálculos conservadores de los que han hablado, habría que instalar, sólo para el primer circuito federal casillas con más de 580 urnas, igual número de papeletas que contendrían los nombres de los propuestos y que tendrían que ser llenadas por cada elector y colocarlas en sus respectivas urnas electorales. El ministro ha publicado y ha repetido en diversas entrevistas el detalle de sus cálculos.

Por otro lado, durante la semana pasada, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía, aprobadas por la mayoría de Morena hace unos meses.

La modificación en materia de amparo impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando éstos afecten a la ciudadanía, mientras que la reforma a la Ley de Amnistía faculta al presidente para perdonar de manera directa todo tipo de delitos. La oposición argumenta que las medidas violan el derecho de acceso a la justicia, negarían un gran avance al juzgarse la constitucionalidad de una ley y negarían la reparación de daño cometido a las víctimas.

Jueces electos con influencia de partidos en su elección o aún peor, con el respaldo de grupos de interés o delincuenciales, imposibilidad de corregir vicios de constitucionalidad que tengan efectos generales y un presidente que sea el único que pueda otorgar perdón, conforman una combinación letal para la vida democrática, política y económica del país. En suma, una justicia en cuyo centro, razón y verdad sólo salgan de la boca del presidente. Del control al Poder Ejecutivo ya mejor ni hablamos. Nada más, pero nada menos, también.