La última y nos vamos (al panel T-MEC)

En los últimos 80 días de consultas energéticas formales bajo el T-MEC, el gobierno de Estados Unidos parece creer que ha logrado más que en los más de 420 anteriores, de meros reclamos oficiales.

La verdad es que eso no estaba tan difícil. Por más de año y medio, distintas autoridades del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Estado, el Departamento de Energía y el United States Trade Representative (USTR) han insistido que tienen “preocupaciones sustantivas” por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y otras acciones potencialmente discriminatorias en contra de inversionistas estadounidenses. Pero el gobierno mexicano no sólo ignoró las advertencias por completo. Las politizó. En varias ocasiones, el presidente López Obrador le ha cantado un tiro, muy públicamente, al presidente Biden al respecto.

En este contexto, es posible que la “inercia positiva” que USTR le ha dicho a los medios que busca mantener al extender el proceso de consultas sea francamente incipiente. Es fácil descontarla como una continuación del dúo de optimismo y aversión al conflicto que caracterizaron la fase uno.

Pero si el gobierno de México no hubiera mandado ninguna señal de estar dispuesto a rectificar en mucho, una postura así por parte de USTR sería imposible de justificar. Por los compromisos de confidencialidad que el propio T-MEC establece durante las consultas y las discusiones de un potencial panel, quizás tardemos mucho en saber en qué les ha dicho México que está dispuesto a ceder. Por ahora, sólo está la especulación generada por una sesión particularmente productiva de la CRE, en la que se liberaron cientos de permisos –aunque parece que la mayoría volvieron a ser para Pemex. En cualquier caso, eso no resuelve los otros tres reclamos pendientes. Si esta fuera toda la inercia positiva –arreglar unos meros permisos y echar a andar unos pocos proyectos –¿no estaría el gobierno de Estados Unidos cediendo demasiado a cambio de nada realmente sistemático?

En otro plano, se puede argumentar que la extensión del proceso de consultas no era tan significativa, como si fuera algo que iba a ocurrir en automático. Procesalmente es cierto: el término del plazo mínimo solo faculta, pero no obliga, a un país a emprender una acción de disputa. Pero la lectura política es diferente. La extensión del plazo (combinada con la declaración) alimentó entre varios una serie de expectativas positivas de resolución. Esto está muy lejos de ser intrascendente. Además, menoscabó la sensación de que el gobierno de Estados Unidos ya había echado a andar un proceso con vida propia que no se podría detener a menos que el gobierno mexicano rectificara sus políticas de manera sustantiva. Si el gobierno de Estados Unidos eventualmente decide llamar al panel, ya no va a poder argumentar que era un paso siguiente inevitable dado que el gobierno mexicano no ha atendido todas las preocupaciones. Tendrá que asumir de nuevo el rol de protagonista activo, explicando por qué está tomando una nueva acción.

Lo que queda, entonces, es tomar la declaración de forma literal. Justo antes de llegar al punto de llamar al panel, el gobierno de Estados Unidos ha percibido una apertura –la posibilidad de resolver diferencias que llevaban más de año y medio estancadas. Sea real o imaginada, sustantiva o incipiente, es una extraordinaria oportunidad. Como algunos juran, ahora si es la última.