Medios públicos en el presupuesto 2024 y el plan Villamil

La revisión anual del presupuesto asignado a los medios públicos federales que he realizado en El Economista durante varios años, y ahora al cierre del sexenio, permite concluir que el gobierno de la Cuarta Transformación no tuvo una política pública definida para estos medios de comunicación sostenidos por el erario.

Con excepción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM), el cual logró ampliaciones presupuestales a partir de 2021 para realizar inversiones en despliegue de infraestructura y ampliación de su cobertura, los demás medios públicos federales, incluidos la mancuerna editorial del Fondo de Cultura Económica y las librerías Educal, junto con las instituciones dedicadas a la cinematografía, recibieron asignaciones presupuestales erráticas y, en la mayoría de los casos, descendentes.

Lo primero es entender cómo está constituído el flujo de efectivo de la mayoría de los medios públicos entendidos como empresas estatales y ciertas instituciones culturales.

De acuerdo con el Paquete Económico y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, la tabla que acompaña este artículo se divide en “total de recursos” (arriba *) y “subsidios y apoyos fiscales” (abajo **).

El presupuesto que asigna el gobierno federal, vía el Congreso de la Unión, a los medios públicos y las empresas culturales especializadas en publicaciones impresas y las instituciones de cine se llaman “subsidios y apoyos fiscales”.

En este rubro se aprecia tanto una tendencia a disminuir, como en el caso de Canal 22, como cierto sostenimiento al alza (Instituto Mexicano de la Radio), incrementos (Notimex) y asignaciones especiales para proyectos de infraestructura como instalación de torres y antenas (SPREM).

El primer hecho que llama la atención es que todos los medios públicos federales, el FCE, las librerías Educal, la Cineteca Nacional y las instituciones de cine vieron drásticamente recortados sus subsidios fiscales a partir de 2019 cuando entró de llenó la administración del presidente López Obrador. A todas estas dependencias la 4T decidió pellizcar un poco de su presupuesto desde el inicio del sexenio, lo cual debe interpretarse como un claro mensaje de desinterés de que todas estas instituciones nunca fueron relevantes para el actual gobierno de AMLO.

Otro hecho interesante es que no todos los medios públicos e instituciones culturales de cine y libros sufrieron igual durante los dos años intensos (2020 y 2021) de la pandemia. A la mayoría se les recontaron subsidios (Canal 22, la entonces Dirección General de Televisión Educativa de la SEP, Radio Educación, FCE, Educal, Instituto Mexicano de Cinematografía, Centro de Capacitación Cinematográfica, los Estudios Churubusco y la Cineteca), pero otros lo vieron incrementado como el Canal Once que contribuyó a producir contenidos para el programa Aprende en Casa durante el confinamiento por la Covid-19, el Imer, el Sistema Público de Radiodifusión (que empezó a instalar torres y antenas) e inexplicablemente Notimex, que ya estaba en huelga desde febrero de 2020.

Estos “subsidios y apoyos fiscales” nunca alcanzan ni son suficientes y se agotan rápidamente tanto en servicios personales (pago de nómina de trabajadores) y en gastos operativos. Los directivos de estos medios públicos federales y dependencias deben acudir con su cabeza de sector (como la Secretaría de Cultura para el caso de Radio Educación) y con la Secretaría de Hacienda para suplicar ampliaciones y subsidios adicionales para el sostenimiento mensual de las instituciones que dirigen.

Esta solicitud de ampliaciones presupuestales, que ocurre varías veces al año, es uno de los principales mecanismos de control para efectuar la independencia editorial de los medios públicos porque, como se comprenderá, nadie quiere estar en contra de Hacienda y ningún medio se atreve a cuestionar las políticas públicas oficiales cuando el dinero extraordinario que se necesita para seguir operando proviene directamente del gobierno en turno.  

Aquí entra el otro componente del flujo de efectivo de los medios públicos y las instituciones editoriales o de cine, lo que el proyecto de presupuesto denomina “total de recursos”. Este rubro es muy engañoso porque el “total de recursos” es lo que se esperaría que ejerciera la empresa o institución. El “total de recursos” está conformado por los “subsidios y apoyos fiscales” que hemos mencionado más los recursos que deben generar los propios medios públicos o el FCE o la Cineteca. 

Es decir, si el Canal 22 tiene un subsidio reducido de 149.5 millones de pesos para 2024, pero su “total de recursos” para el mismo periodo es de 203.7 mdp, eso significa que la televisora cultural debe autogenerar recursos por 53.8 mdp con la venta de espacios televisivos o de servicios audiovisuales.

Lo mismo sucede con el FCE o la Cineteca. El FCE tiene un subsidio inicial de 149 mdp, pero debe vender libros y servicios editoriales por 261.8 mdp para alcanzar su “total de recursos” presupuestados de 410.8 mdp. O bien, el fideicomiso para la Cineteca le otorga un apoyo fiscal mínimo de 49.9 mdp, pero debe vender boletos de cine y otros servicios equivalentes a 166.7 mdp para llegar a su meta presupuestaria de 216.6 mdp.

Lo anterior significa que las personas responsables de los medios públicos y otras empresas culturales no sólo deben dirigir sino también tener sólidos equipos comerciales para vender sus productos y servicios al público en general, empresas u otras instituciones.

Esta sería otra razón comercial por la cual no se justifica ni el oficialismo, ni la propensión a la propaganda, ni los espacios informativos totalmente tendenciosos -en mayor o menor medida- de los medios públicos a favor las acciones de AMLO y la 4T, por la sencilla razón de que ningún subsidio alcanza (eso lo sabe Hacienda y el gobierno) y hay que facturar… servicios, contenidos, espacios, libros, entradas de cine… La pregunta es si estos directivos están vendiendo lo suficiente, tarea que también les corresponde, lo cual es un motivo adicional de revisión sobre su desempeño.

El 20 de septiembre el periodista Julio López “Astillero” entrevistó en su noticiario digital a Jenaro Villamil, presidente del SPREM, sobre el rol de los medios de comunicación. Según Villamil (cuyo periodo de 5 años renovable concluye en febrero de 2024), se recibieron los medios públicos “en una situación desventajosa, damnificados, saqueados o carentes de sentido político”.

Dijo que “donde más se invirtió y no se ve mucho es en la infraestructura pública”. En realidad sí se ve porque ahí están las ampliaciones presupuestales de 2021 a 2024 al SPREM, el único medio realmente favorecido durante la 4T, pero también se ven los cuestionamientos por el tema de las antenas no instaladas. Villamil espera que el SPREM alcance una cobertura poblacional de 83% (actualmente es de 71.11%), en beneficio del Canal 11 y 22, principalmente.

Villamil adelantó que trabaja para presentar en el próximo gobierno “una Ley General de Medios Públicos que incorpore apoyos concretos, incentivos para la creatividad, recursos que se garanticen con un mínimo de porcentaje y compartición de infraestructura” para no hacer un doble gasto. Este plan buscaría una mejor y mayor coordinación con los 32 sistemas estatales de medios públicos, independientemente del gobierno que los subsidie, porque “hace falta una reingeniería jurídica y legal” para los medios públicos.

Villamil anunció una próxima sorpresa, que por la pregunta dirigida que le hizo Julio Astillero, podría ser en el sentido de un sólo noticiero nacional alternativo de los medios públicos. Claro, ya inició el proceso electoral, es el momento de tomar posiciones políticas y de seguir difundiendo propaganda a favor de la 4T. Sólo no se les olvide que también tienen que facturar para poder subsistir.