Mercado de la cannabis medicinal

La investigación de la “cannabis medicinal” para diversos padecimientos está en aumento en todo el planeta. Se han publicado 706 artículos con el descriptor “medical cannabis” en el título dentro de la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos (PubMed); 542 de éstos en los últimos tres años. El único científico de México que aparece en una publicación, es la distinguida mexicana, universitaria y miembro del Colegio Nacional, la Dra. María Elena Medina Mora.

Por otra parte, hay 50 ensayos clínicos registrados en los Institutos Nacionales de Salud al día de hoy, 22 en Estados Unidos, 7 en Canadá, 7 en Europa, 6 en Israel y 4 en Australia. Enfatizo que ninguno se está llevando a cabo en nuestro México, ni siquiera participando en alguno que fuera multicéntrico. Esto a pesar de la reforma hecha a la Ley General de Salud (LGS) hace cinco años para que la Secretaría de Salud diseñara y ejecutara políticas públicas que regularan el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la Cannabis sativa, índica y americana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabidiol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos (art. 235 Bis, 17/06/2017).

El artículo 290 de la LGS, modificado en la misma fecha de publicación, norma a que la Secretaría de Salud otorgue autorización para importar estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la Cannabis sativa, índica y americana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabidiol, sus isómeros y variantes estereoquímicas. Esto también ha sido letra muerta, pues luego de retirar algunos registros otorgados al final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto por supuesta corrupción, hubo necesidad que el poder judicial ordenara permitir la importanción de productos medicinales a cuenta gotas, para personas o familiares de pacientes, que, a decir de sus médicos o de investigaciones hechas por ellos, los productos medicinales derivados de la cannabis mejoran su salud.

Los “expertos en burocracia sanitaria” que hoy laboran en el Gobierno Federal, debieran conocer al menos las aplicaciones de la cannabis medicinal que hoy se están investigando, como el tratamiento del autismo y su espectro de desórdenes; para mitigar el dolor crónico en el aparato músculoesquelético; el dolor neuropático; en la enfermedad inflamatoria intestinal; en la enfermedad de Parkinson; en comorbilidades psiquiátricas; en alteraciones del sueño; en VIH-SIDA; en alteraciones de las funciones motoras; en esclerosis múltiple; demencia; fibromialgia; para disminuir los efectos colaterales de la quimioterapia; en cáncer pancreático; en el síndrome de Tourette y ahora en Long-Covid por mencionar solo algunas.

Así que mientras la autoridad federal ha sido negligente en impulsar la investigación y desarrollo como lo mandata la reforma de hace un quinquenio, el Conacyt tampoco ha financiado proyectos de profesionales de la salud que, quizá, sí están aplicando a sus pacientes dichos compuestos medicinales, con base en los estudios publicados o proyectos de investigación registrados, utilizando productos importados a cuenta gotas o traídos por el mercado negro y sin regulación alguna.

Tanto en las discusiones para aprobar la reforma del cannabis medicinal como en años recientes el cannabis para uso lúdico, legisladores y comentaristas “expertos” llaman a su aprobación por las ventajas “económicas” que tendría para nuestro país, amén de los señalados beneficios terapéuticos, del desarrollo de la libre personalidad y en materia de seguridad augurando una paz en cuanto se aprueben dichas reformas.

Por ello, estimados lectores, les recomiendo la lectura del informe recién liberado de Paulo José dos Reis Pereira, que analiza el papel de las empresas transnacionales de cannabis en el contexto del mercado creado por las nuevas regulaciones sobre el cannabis con fines medicinales en América Latina y el Caribe.

De manera ejecutiva señala que:

1. Más de una decena de países de América Latina y el Caribe (ALC) han impulsado algún tipo de regulación sobre el uso medicinal del cannabis, siguiendo la tendencia mundial de relajar la prohibición de la planta. Casi todas estas regulaciones han adoptado un enfoque comercial con fines de lucro. Esto ha creado un mercado multimillonario en la región que abarca la fabricación y venta de productos procesados, especialmente de productos a base de CBD, el ingrediente activo de la planta más aceptado a nivel mundial.
2. Las corporaciones con sede en países ricos, como Canadá, Estados Unidos (EE. UU.), el Reino Unido (RU) e Israel están estableciendo operaciones en ALC, generalmente a través de empresas conjuntas y otras formas de asociación con empresas nacionales, con el fin de obtener ventajas comerciales, ya sea para cultivar cannabis a bajo costo para fabricar sus productos o para exportar o para ampliar su mercado de consumo.
3. Esta dinámica disminuye las ganancias sociales potenciales de las regulaciones sobre el cannabis medicinal. Primero, crea un acceso desigual a los productos de cannabis medicinal en función de los ingresos, por lo que los más pobres son los que menos se benefician. En segundo lugar, tiende a relegar a los países de ALC a una posición subordinada como exportadores de materias primas de cannabis. En tercer lugar, amenaza el medio ambiente a través de la producción a gran escala, el cabildeo por regulaciones en favor de las ganancias y la creación de patentes que fomentan un monopolio de mercado. Este nuevo mercado tiende tanto a excluir a los productores tradicionales de cannabis como a otros grupos sociales vulnerables históricamente relacionados con el mercado ilícito, al mismo tiempo que privilegia a las grandes corporaciones. También destaca las articulaciones internacionales entre las élites corporativas en el mercado del cannabis y la dinámica de explotación entre el norte y el sur global.
4. Varios otros aspectos transversales exacerban los problemas de esta captura corporativa en el mercado de cannabis medicinal de ALC, afectando el acceso a medicamentos a base de cannabis y socavando los intereses de los pequeños agricultores y grupos sociales vulnerables. Estos son: la estandarización de la producción, el patentamiento de productos y la amenaza ambiental que representa el cultivo de cannabis a gran escala.
5. Las regulaciones para el cannabis medicinal no deben reforzar las desigualdades y la violencia históricamente asociadas con los enfoques prohibicionistas, sino que deben permitir que la mayoría tenga acceso a la atención médica, especialmente los más vulnerables. Los países deben establecer disposiciones efectivas en sus mecanismos regulatorios que enfaticen los principios de comercio justo que protegerían a dichos grupos, especialmente a los productores tradicionales, además de ampliar el acceso a la gama de productos de cannabis con fines medicinales. Un paso clave en este sentido es evitar la captura corporativa del nuevo mercado latinoamericano de cannabis medicinal.

Espero que el Gobierno federal, las universidades, investigadores y el sector industrial tomen nota, pues nítido es que vamos tarde. Los más afectados son los mexicanos, y de ellos, los más pobres (77 millones sin seguridad social) con estas visiones de corrupción (sin pruebas ni detenidos) que sólo llevan a la parálisis por el análisis, desaprovechando grandes oportunidades. Insistiré desde la Cámara de Diputados a que se “pongan las pilas” con un exhorto al Gobierno federal, y sirva esta columna para exhortar también a los demás actores.

*Éctor Jaime Ramírez Barba es médico cirujano, especializado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXV Legislatura.