Plan C: guerra sucia contra la Corte

El pasado lunes 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. La oposición celebró la sentencia como un triunfo del estado de Derecho. Tiene razón en aplaudir la anulación de un acto basado en el abuso de poder parte de la mayoría gobiernista en el Congreso.

Sin embargo, todavía falta que el pleno de la SCJN se pronuncie sobre la constitucionalidad de la segunda parte del plan B. Ésta es la más grande y peligrosa. Si llegara aplicarse, implicaría la eliminación de las juntas distritales, la reestructura de las oficinas centrales y el despido masivo de personal del INE, especialmente del servicio profesional.

Por ahora, la segunda parte del plan B está detenida, gracias a la suspensión ordenada por el ministro Javier Laynez, el juez instructor de la controversia constitucional presentada por el INE. Aún está pendiente la resolución de los recursos de reclamación en contra de la medida cautelar, promovidos por el presidente López Obrador y la mayoría gobiernista en el Congreso.

La suerte del plan B dependerá de lo que resuelva la Segunda Sala y luego el pleno de la SCJN. La primera decidirá si mantiene o levanta la suspensión vigente. El pleno se pronunciará sobre la constitucionalidad de la segunda parte de la reforma electoral obradorista, a partir del proyecto que presente el ministro Laynez.

La suspensión que pesa sobre la segunda parte del plan B necesita tres de cinco votos en la Segunda Sala para sostenerse. Su invalidación definitiva requiere de una mayoría calificada de ocho de 11 votos en el pleno de la SCJN. Aunque los ministros pueden modificar su criterio, los precedentes, los argumentos y los votos de cada uno de ellos apuntan en una misma dirección. Al igual que la primera, la segunda parte de la reforma electoral obradorista continuará suspendida y luego será invalidada.

La primera parte del plan B fue declarada inconstitucional en su totalidad por violaciones graves al procedimiento legislativo. No pasó, por así decirlo, la primera prueba del control de constitucionalidad. Las irregularidades cometidas por la mayoría gobiernista en el Congreso fueron tan burdas que convencieron nueve de los once ministros de su invalidez.

En primer lugar, la iniciativa que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados era diferente a la que se sometió a discusión y votación en el pleno. Al incumplir con la declaratoria de publicidad, los legisladores no pudieron conocer con el tiempo debido lo que la mayoría aprobó a ciegas.  

En segundo lugar, el oficialismo en la Cámara de Diputados omitió deliberadamente remitir la iniciativa a comisiones para su estudio y dictaminación, sin que se cumplieran las condiciones necesarias establecidas en jurisprudencia de la SCJN. Este acto arbitrario violó el derecho de las minorías a participar en el proceso legislativo.

Finalmente, en el Senado las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos no pudieron sesionar por falta de quórum. Para sacar rápido el dictamen, cada comisión celebró una sesión extraordinaria de forma separada, convocada de forma irregular y sin la participación de la oposición.

El procedimiento legislativo al que fue sometida la segunda parte del plan B tuvo los mismos vicios. La única diferencia fue que, al regresar a la Cámara de Diputados para confirmar los cambios introducidos en el Senado, la mayoría gobiernista suprimió la disposición que permitía la transferencia de votos entre partidos políticos con una candidatura común.

Este cambio de último momento se hizo para complacer al presidente López Obrador, pero implicó una irregularidad mayor. El Artículo 72 de la Constitución prohíbe de manera expresa a la cámara de origen alterar los artículos ya aprobados por la cámara revisora.

En suma, el batidillo legislativo que hicieron operadores políticos del presidente para aprobar la segunda parte del plan B la hace aún más indefendible que la primera. López Obrador lo sabe. Por ello ha anunciado su plan C, que no es otra cosa que una burda campaña de desprestigio en contra de la SCJN, subsidiada con recursos públicos.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif