¿Qué le pasa a Chiapas?

En los últimos años, nos hemos acostumbrado a que, en temas de violencia, muchas situaciones se minimizan o se desacreditan por los representantes de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Así pasan los días y en algunos territorios, la vida se vuelve un martirio. Cientos de ciudadanos padecen eventos criminales todos los días en distintas zonas del país, sin que las autoridades encargadas de la prevención de las criminalidades hagan algo al respecto, más allá de improvisar parches temporales a problemas complejos y que requieren atención responsable frente a las lógicas delictivas cada vez más predatorias y dañinas. Solo para el recuento de las últimas semanas, hemos visto como en Taxco y en Chilpancingo se suspendió el servicio de transporte público por días, debido a las amenazas pandilleriles del crimen para exigir pago de cuotas. También presenciamos la masacre de aproximadamente 17 “supuestos sicarios” en un enfrentamiento entre grupos criminales en la comunidad de San Miguel en Tomatlán, Guerrero y la lamentable muerte de tres migrantes en un ataque armado en la localidad de Sáric, Sonora donde uno de los fallecidos era un menor de 4 años de Ecuador, una mujer peruana y otra hondureña.

Así, el recuento de las afectaciones de la vida cotidiana para muchos continúa en otras zonas del país como Chiapas, que padece circunstancias similares, donde el desplazamiento de comunidades, el cobro de piso -incluidas hasta las iglesias que pagan hasta 30 mil pesos para dejarlas funcionar a grupos criminales-, las extorsiones y la presencia de grupos delictivos en zonas turísticas estratégicas, está complicando la vida de sus ciudadanos en varios municipios, que sólo resisten frente a la falta de intervenciones concretas por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Hoy Chiapas padece una de las peores crisis de violencia en su historia. La presencia y disputa de rutas estratégicas para la migración, drogas y armas por parte de organizaciones delictivas y la proliferación de controles locales por pandillas -Mara Salvatrucha, Huistos, Los Cabra, El Maíz, entre otros-, han logrado paralizar la vida cotidiana en algunas zonas comunitarias, en donde cientos de pobladores, han tenido que abandonar sus lugares para sobrevivir a las distintas amenazas criminales. Zonas como la Frontera Comalapa, Pantelhó, Chicomuselo, Oxchuc o la Concordia pueden ser evidencia de los cientos de casos de desplazamientos forzados, que se producen en estas comunidades. De acuerdo con el registro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, al menos 2300 personas han sufrido esta situación en los últimos años. Por otra parte, las acciones predatorias de las pandillas han logrado gestionar algunas zonas arqueológicas, paralizando la afluencia de turistas, por las incontrolables amenazas, cobros de piso y enfrentamientos que han provocado una severa afectación en zonas arqueológicas como Bonampak en la Selva Lacandona y Yaxchilán por los conflictos entre los grupos delictivos. Así la afluencia turística del estado -estimada en 90 mil visitantes por año- hoy se ve visiblemente afectada paralizando economías vitales en la zona ahuyentando al turismo nacional y extranjero.

Y por si fuera poco, la situación de criminalidad a su vez, se ha extendido a las escuelas, afectando aproximadamente a 108,560 niños, niñas y adolescentes entre los 3 y 17 años de edad que no han podido continuar de forma regular con su ciclo escolar entre septiembre y diciembre del 2023 en localidades como Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, La Frontera Comalapa entre otras comunidades , de conformidad al informe de RADIAS (La Red por las Infancias y los Derechos en Chipas) que se han visto afectados por los niveles de violencia, desplazamientos forzados y en algunos casos, también un peligro para los profesores. Esta es la realidad de Chiapas, que actualmente tiene un despliegue de fuerza de 24 mil 726 elementos entre Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal. Este es el Chiapas real, donde las organizaciones delictivas gestionan a algunas localidades alterando la vida de cientos de personas… ¿Y dónde están las autoridades? Negando o minimizando la realidad.