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Revocación
De acuerdo con el INE, se registraron 876 incidentes menores en las casillas de la consulta de Revocación de Mandato. Foto EE: Eric Lugo.
El patriotismo siempre es el último refugio de los canallas”.
Samuel Johnson.
Hemos sido testigos de discusiones sobre temas de la agenda pública, en las que las posturas casi siempre son extremas, contrastantes y sobre simplificadas, con una cuasi glorificación de los argumentos propios y la satanización de los argumentos contrarios.
Al discutirse el reciente proceso de revocación de mandato, primero, es fundamental recordar que la figura de revocación tiene como objetivo, en términos de la propia ley reglamentaria: “regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República”. Se deriva del artículo 35 fracción IX, 4o. de la Constitución que señala que: “Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos,l 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores… Sólo procederá por mayoría absoluta”.
La conformación y redacción de la norma que rige este proceso, muestra que está orientado a otorgar un camino a los ciudadanos que consideran necesario revocar el mandato a la persona electa para Presidente mediante un mecanismo que permita, primero, recabar un número mínimo de firmas que muestren que la petición tienen mérito y, segundo, que esa expresión de una parte de la ciudadanía se somete a la validación del resto de los ciudadanos, quienes mediante su voto expresan si están de acuerdo con esa opinión. Ello implica que el mecanismo está diseñado para que voten aquellos que efectivamente quieren que se lleve a cabo la revocación de mandato.
Por la forma en la que, de manera errónea, se plasmó la decisión que se sometió a la consulta, indebidamente se planteó como una decisión dicotómica: si están a favor de la salida o de la permanencia del Presidente. Este segundo supuesto, en términos de la Constitución y de la ley reglamentaria, es innecesario. Quien no desee que el Presidente termine anticipadamente su mandato, no requiere una ratificación expresa, la sola abstención del voto implica que no opta por la revocación.
Además, la exigencia de un porcentaje mínimo de participación del padrón electoral implica un piso mínimo a la expresión de esa voluntad de revocación, para que sea válida. El que un piso mínimo no se establezca, por ejemplo, para una votación regular de elección a un cargo, muestra claramente la diferencia. Para elegir, todos quienes ejercemos nuestro derecho y obligación de voto conformamos la base sobre la cual se decide quién gana el proceso, en un ejercicio de mayoría simple donde se pierde y se gana por un voto.
En la revocación, se requiere un piso porque es un acto que, en los hechos, está revirtiendo la decisión que la mayoría tomó en un proceso electoral previo.
La confusión generalizada en torno a este proceso, implica que, ni es adecuado decir que la mayoría de los votos expresa una ratificación explícita del mandato (porque esa no era la materia del ejercicio), como tampoco es posible decir que la obtención de más de 15 millones de votos (aún bajo la expresión errónea de una especie de ratificación no contemplada en la norma), representen una muestra de debilidad.
Hoy, quien ostenta el cargo de Presidente, mantiene un elevado nivel, si no de simpatía, por lo menos de aceptación que debe concluir el periodo para el cual fue electo. Las fuerzas políticas que lo rodean (cuando no que exclusivamente se aglutinan en torno a su persona), tienen la capacidad de lograr movilizar (aunque con evidentes muestras de prácticas ilegales), la expresión de una parte importante de los votantes.
El resultado del ejercicio –con todas sus fallas– no representa ni que estemos frente a una fuerza inamovible, como tampoco que sea la muestra de una perdida absoluta de fuerza.
A los ciudadanos nos importa que, más allá de llamados al patriotismo, tengamos propuestas que atiendan, con conocimiento y sin reduccionismos ideológicos, los graves problemas que enfrenta nuestro país y que impiden la mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población.