Ricardo Martinelli el gran “disruptor” del proceso electoral presidencial en Panamá

El pasado mes de julio, Foreign Affairs Latinoamérica me publicó un artículo bajo el título “Panamá en la encrucijada electoral” (1), en el cual describí que en los últimos años las preocupaciones recurrentes de la mayoría de los panameños son el deterioro de la democracia, el creciente descontento hacia los partidos políticos tradicionales, la corrupción endémica, unida a la impunidad, así como la falta de transparencia y de rendición de cuentas en la administración pública.

También escribí que después de la invasión de Estados Unidos a Panamá, en diciembre de 1989, para deponer al sanguinario dictador Manuel Antonio Noriega, los panameños lograron recuperar su democracia y, desde 1990, celebran comicios electorales para elegir pacífica y democráticamente a sus gobernantes cada cinco años.

En apenas una semana, el próximo domingo 5 de mayo, se llevarán a cabo los comicios generales en ese país, durante los cuales se elegirán para el período 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029 los siguientes cargos: un Presidente y Vicepresidente, 71 Diputados a la Asamblea Nacional, 81 Alcaldes, 20 Diputados al Parlamento Centroamericano, 701 Representantes de Corregimiento y 11 Concejales. Se tiene previsto que poco más de tres millones de electores puedan acudir a las urnas, de los cuales alrededor de 1 millón 511,049 son mujeres y 1 millón 493,034 son varones.

De acuerdo con distintos analistas reconocidos, en esta ocasión, las elecciones presidenciales panameñas, se tratan de un proceso totalmente inédito, con un alto grado de incertidumbre y de mucha complejidad. La razón de ello, es la figura perturbadora del expresidente Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, y quien pretendía buscar su reelección a pesar de haber sido acusado por actos de corrupción y de lavado de dinero durante su gobierno, lo que provocó su detención en los Estados Unidos en junio de 2017 y posteriormente extraditado a Panamá en 2018.

Si bien el exmandatario fue absuelto de varias acusaciones en agosto de 2019, las autoridades judiciales panameñas ordenaron un nuevo juicio y en julio de 2023 Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso conocido como “New Business”.

Al margen de otras acusaciones por corrupción y lavado de dinero, el pasado mes de febrero, la Corte Suprema de Justicia panameña encontró a Martinelli culpable de utilizar más de 40 millones de dólares de fondos públicos en la compra de acciones de la editorial EPASA, que edita tres periódicos de circulación nacional (Panamá América, La Crítica y Día a Día), por lo que le confirmó la condena que se le había impuesto inicialmente y, al mismo tiempo, lo inhabilitó para participar como candidato en las elecciones presidenciales del presente año, a pesar de que era el personaje más popular entre los sectores populares panameños.

Para evitar su eventual detención, el pasado 7 de febrero, Martinelli acudió a la embajada de Nicaragua en Panamá para solicitar asilo y, desde entonces, se encuentra refugiado en dicha representación diplomática, recinto desde el cual realiza frecuentemente actos indebidos de proselitismo político, a pesar de que están prohibidos explícitamente por la Convención sobre Asilo Diplomático, suscrita en Caracas en 1954. (2)

En respuesta a su inhabilitación política, Martinelli y su agrupación política “Realizando Metas” (que lleva sus iniciales RM), decidió postular a la presidencia a Raúl Mulino, quien era su compañero de fórmula a la vicepresidencia de la República. Sin duda, Mulino es un reconocido abogado, diplomático y político que ha desempeñado diversos cargos en la administración pública panameña, entre ellos Ministro de Relaciones Exteriores (1993-1994), Ministro de Gobierno y Justicia (2009-2010) y Ministro de Seguridad Pública (2010-2014), además de activo promotor de la “Cruzada Civilista” que combatió la dictadura militar en los años ochenta.

Tras la condena e inhabilitación de Martinelli como candidato presidencial, el pasado 11 de marzo, Mulino se convirtió inesperadamente en el nuevo candidato presidencial de la agrupación política “Realizando Metas” y es el aspirante que, según todas las encuestas dadas a conocer hasta ahora, tiene las mayores probabilidades de resultar el triunfador con más de 10 puntos de ventaja sobre sus principales rivales en la contienda electoral del próximo domingo, debido a la fragmentación del voto entre el resto de los candidatos presidenciales. En Panamá no existe segunda vuelta electoral, por lo que el candidato triunfante es el que obtenga la mayoría simple de los votos sufragados.

Además de Mulino, quien encabeza hasta ahora las encuestas con un promedio del 31% al 35% de simpatizantes, aparecen en la boleta presidencial otros siete candidatos, cuatro postulados por partidos políticos y tres independientes o de “libre postulación”. Los candidatos que figuran en segundo lugar de las preferencias electorales son: el expresidente Martín Torrijos, postulado por el Partido Popular (PP); el señor Rómulo Roux del partido Cambio Democrático (CD), en alianza con el tradicional Partido Panameñista, y el señor Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino MOCA). Según la mayoría de los sondeos de opinión, ninguno de estos aspirantes, ni el candidato oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Gabriel Carrizo, tienen posibilidad alguna de triunfo.

No obstante las predicciones de la mayoría de las encuestas electorales, la incertidumbre existente proviene del hecho de que el señor Mulino no habría cumplido las formalidades para ser candidato formal, ya que su aspiración no fue sometida a primarias y tampoco recibió un acta oficial por parte del Tribunal Electoral. Frente a esta situación, el pasado 11 de marzo, una abogada panameña presentó una demanda de inconstitucionalidad a su candidatura y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está obligada a emitir una resolución al respecto.

En recientes declaraciones, el Magistrado Olmedo Arrocha Osorio, quien es el ponente de la CSJ en este caso, señaló que tiene hasta el próximo 6 de mayo para presentar ante el pleno de la Corte el proyecto de decisión sobre la demanda de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la candidatura del señor Raúl Mulino, lo que indica claramente que este aspirante se mantendrá en la boleta electoral ya difundida por el Tribunal Electoral de Panamá y cualquier decisión judicial se pospondrá hasta después de las elecciones del próximo domingo 5 de mayo.

A pesar del fuerte rechazo por parte de algunos de los sectores sociales más importantes del país, incluyendo al gobierno estadounidense, todo indica que el llamado “Delfín” de Martinelli obtendrá el triunfo en las próximas elecciones y lo que está por verse es si Mulino podrá gobernar sin la influyente figura del exmandatario panameño, considerado un verdadero “disruptor” de la democracia panameña.

Cualquiera que sea el ganador de las próximas elecciones, el futuro mandatario de Panamá deberá enfrentar serios conflictos internos que demanda la sociedad panameña y que, como se señaló al principio de este artículo, tienen que ver con la corrupción endémica, la impunidad, la incertidumbre jurídica, y la falta de independencia del sistema judicial, todo lo cual socava su democracia y el Estado de Derecho.

(1) Panamá en la encrucijada electoral. ¿Pondrá 2024 en riesgo su democracia? Artículo en Foreign Affairs Latinoamérica Vol.23 Número 3, Julio/Septiembre 2023. Páginas 19 a 24

(2) Ver Artículo XVIII de la Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en la Décima Conferencia Interamericana realizada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954.

*Embajador de México en retiro y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión para América Latina y el Caribe del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Fue Embajador de México en Panamá de 2002 a 2005 y de 2015 a 2019.