TREN MAYA: Delincuencia, Barbarie e Impunidad

Hacía más de medio siglo que en México no se observaban desmontes y destrucción forestal masiva deliberada de ecosistemas tropicales, perpetrados por el gobierno, como ocurre en estos momentos con el Tren Maya. Aunque hoy parezca increíble, entre la década de los cuarentas y setentas del siglo pasado existió una Comisión Nacional de Desmontes, y se emprendieron terribles proyectos de deforestación para ampliar la frontera agropecuaria y abrir tierras al reparto agrario. Esto ocurrió, por ejemplo, en la Chontalpa y Balancán-Tenosique (Tabasco), en el Valle de San Fernando (Tamaulipas), en Pujal Coy (SLP), en Uxpanapa (Veracruz), Candelaria (Campeche), y con la carretera trasfronteriza del sur en la Selva Lacandona. Millones de hectáreas fueron arrasadas a fuerza de bulldozer, cadenas, motosierras, y fuego. El costo ecológico fue brutal y los beneficios económicos, magros o nulos. No existían ni instituciones ni legislación ambiental, y se desconocían a fondo las consecuencias de semejante barbarie. Hoy el gobierno del presidente López, con el Tren Maya, vuelve a esa época de salvajismo, pero con los agravantes del pleno conocimiento, violación de la ley, comisión de delitos, impunidad, anulación de instituciones, e imposición autocrática iluminada de un mega-proyecto absurdo.

Se han vuelto virales las imágenes de la devastación causada por la construcción del Tren Maya en Quintana Roo, y obvios, los impactos a la biodiversidad, recursos forestales, flora y fauna (incluyendo especies amenazadas o en peligro de extinción), cenotes, cavernas, ríos subterráneos, y sistemas hídricos comunicantes con los arrecifes y lagunas arrecifales costeras. El presidente López ha procedido con arbitrariedad y estulticia, pisoteando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la Ley General de Vida Silvestre, al igual que el Código Penal Federal. El presidente López y sus subordinados, incluyendo a los mandos militares a cargo de la obra, se han convertido en delincuentes ambientales. Esto es algo gravísimo que lacera a nuestras fuerzas armadas y las ubica en una situación inédita de responsabilidad y vulnerabilidad jurídica. La deforestación y los desmontes con maquinaria pesada en las selvas de Quintana Roo se llevan a cabo sin Manifestación de Impacto Ambiental, sin Cambios de Uso del Suelo Forestal, y sin las autorizaciones correspondientes. La PROFEPA, desmantelada e incapacitada por el presidente López, incumple sus responsabilidades de inspección y vigilancia, y de hacer cumplir la Ley. Lo anterior, claramente, en el caso del Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental, y de su Artículo 44 en materia de Áreas Naturales Protegidas. Igualmente, con respecto al Artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en cuanto al cambio de uso del suelo; y a la Ley General de Vida Silvestre, en los términos de su Artículo 58 en materia de conservación de la vida silvestre y cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 059 (protección de especies nativas de México). De igual forma, el artículo 182 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente obliga a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a denunciar actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme al Código Penal Federal o la legislación aplicable. Al no hacerlo, sus funcionarios incurren en graves responsabilidades judiciales. Recordemos que la PROFEPA debe demandar la responsabilidad ambiental (conforme a la LFRA) que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la preparación y compensación de dichos daños a través del procedimiento administrativo, penal y judicial. Ostensiblemente, no lo hace.

También, el presidente López y sus subordinados civiles y militares, se hacen acreedores a penas de seis meses a nueve años de prisión de acuerdo a los artículos 418 y 421 del Código Penal Federal, que sancionan, respectivamente, el desmonte y la destrucción de la vegetación natural, y el cambio de uso del suelo forestal; e imponen la reparación del daño ambiental y la suspensión de las obras, así como la inhabilitación y privación de la libertad a servidores públicos responsables. Los jueces han dado entrada a múltiples amparos y han decretado la suspensión de las obras. El gobierno lo ha desacatado, incurriendo en responsabilidades penales aún más palmarias. López y sus funcionarios (patéticamente, la secretaria de SEMARNAT), intentan justificar estas atrocidades con el inconstitucional decreto que declara todas sus obras y proyectos como de “Seguridad Nacional”, eximiéndolos tramposamente de los procedimientos que establece la legislación ambiental. Nunca, en la historia moderna de México un gobierno había actuado con tanta bajeza y perversión política, jurídica y ambiental.

@g_quadri