Violencia electoral

Un año antes de la elección presidencial de 2024 y, en medio de la anticipada lucha por el poder político, se registró la muerte de operadores políticos y patrocinadores de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, aspirantes a la Coordinación Nacional del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena; así como del director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores Suárez.

Versiones periodísticas señalan que José Fuentes Brito fue asesinado durante un aparente asalto, en la Autopista del Sol; Daniel Flores pereció en un accidente aéreo, en Veracruz; y el militante del PAN fue víctima de una ejecución. Aún no está claro si los sucesos tuvieron móviles políticos. No obstante, resulta inevitable pensar que la plata y el plomo podrían contaminar el proceso electoral.

Basta recordar que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, vive en un cuartel luego de haber recibido amenazas del crimen organizado. También podemos traer a cuento las declaraciones de la directora de la DEA, Anne Milgram, quien refirió el descomunal poder de fuego de los cárteles de la droga y advirtió que el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan mundialmente con 44 mil 800 elementos repartidos en más de 100 países.

Y aunque el gobierno federal insiste en desestimar la grave situación de violencia que se registra en amplias extensiones del territorio nacional, todos los días están bajo fuego entidades como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Jalisco y Zacatecas, así como Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. El terror.

Entre 2018 y 2022, la Armed Conflict Location & Event Data Project contabilizó alrededor de mil sucesos de violencia dirigidos contra funcionarios locales en México. De acuerdo con el reporte de la organización no gubernamental -dedicada a la recopilación, el análisis y el mapeo de crisis y conflictos-, los ataques directos representan alrededor de 62 por ciento del total, pero también se registraron agresiones durante manifestaciones, en el 15 por ciento de los casos; además de turbas violentas, desapariciones forzadas y saqueos.

Incluso, durante el proceso electoral en México para los comicios intermedios del 6 de junio de 2021, la consultora Etellekt computó mil 66 agresiones globales en contra de políticos: 87 eran hombres (29 eran aspirantes y candidatos) y 15 mujeres (siete aspirantes y candidatas). Violencia contra personas políticas que se extendió en los 32 estados del país, en 570 municipios y 29 ciudades capitales.

¿Qué pasará cuando inicien las campañas electorales formales, que culminarán con las votaciones del 2 de junio de 2024? No sólo votaremos por la Presidencia de la República, también habrá elección de nueve gubernaturas, más de dos mil ayuntamientos, 31 congresos locales, diputados federales y senadores. Las elecciones más grandes de la historia con más de 20 mil cargos en disputa.

Y con la efervescencia de las actividades políticas es previsible que se agudicen los escenarios de violencia con amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular. Plata o plomo para desincentivar o descartar la participación de algunos perfiles o colores partidistas.

Urge contener desde ahora la polarización y abordar los altos niveles de impunidad, con investigaciones robustas y procesos legales expeditos, para castigar a los criminales. Si la espiral de la violencia política sube más de temperatura, se convertirá en una seria amenaza para la seguridad nacional.