¿Y qué hacemos con las extorsiones de limón en el Valle de Apatzingán?

El paro de 32 empacadoras de limón en el Valle de Apatzingán, Michoacán, es una prueba clara del tamaño del problema ocasionado por la extorsión en su derivación, cobro de piso. No se trata de minimizar el problema sino de reconocer dos aspectos: uno es que el problema es histórico, -las extorsiones en el Valle de Apatzingán se han denunciado desde hace más de diez años y se exacerbaron a partir del 2013, donde la lucha por los controles locales y regionales, de la mano de la incursión de nuevos agentes a las zonas, dieron otras oportunidades predatorias a las organizaciones criminales para buscar fondeos al amparo de la colusión o incapacidad de las autoridades, -.  A su vez, tan solo hay que recordar el paro de algunos productores el año pasado por la misma situación, donde por varias semanas, cientos de limoneros tuvieron que suspender el corte de producto por las amenazas del crimen, y donde se reportaban al menos 17 comunidades afectadas. Así, la crisis de esta historia continua, donde hace tiempo, las extorsiones oscilaban en 10 centavos por kilo y actualmente están alcanzando los 2 y 4 pesos por kilo. 

Esta es la realidad que se ha consolidado al amparo de la impunidad y la incapacidad de las autoridades para poner un límite a estos impuestos criminales que proliferan y afectan a distintos sectores económicos a lo largo del país, sin que, hasta el momento puedan ser contenidos…pero ¿De qué y de quien depende? Existen múltiples factores que pudiéramos enumerar para analizar la proliferación del cobro de piso, pero con el paso de los años hemos aprendido que su expansión y los niveles de violencia para someter a los sectores que les interesan  depende de factores muy específicos: la oportunidad de los agentes para delinquir, de la mano de una ausencia de estado de derecho, que se refleja por una falta de estrategia operativa por parte de las autoridades de los tres ordenes de gobierno para imponer una coordinación que se enfoque en dos aspectos: prevención de riesgos de conformidad a los sectores económicos de las localidades, establecimiento de controles territoriales y detenciones e investigaciones estratégicas. Esto, acompañado de canales de denuncias segura que, por agrupación, cámara o sector, pudieran llegar directamente a las autoridades, sin tener que exponer y arriesgar la vida y el patrimonio de los afectados.

Son tres pasos que a simple vista parecen sencillos, pero que requieren no de una voluntad política -ya vimos a donde nos ha llevado esto-, sino de gestión de estado, que para efectos de temas de criminalidad y violencia es imperativo. Así que más allá de sumarnos a exigir el control del tianguis de limón, y una presencia intermitente de la Guardia Nacional, quizá valdría la pena exigir algo más concreto y serio en materia de seguridad, que repito no es privativo de algunas zonas de Michoacán, sino de amplios sectores económicos en el país que todos los días, tienen que decidir si cerrar, o someterse a los impuestos criminales, porque hasta el momento, las instituciones encargadas de prevenirlo, pareciera que no se lo toman con tanta prisa…No solo se trata de garantizar canales de denuncia, sino de controlar, investigar, capturar y garantizar seguridad a los ciudadanos…Veamos que pasa con el cambio de sexenio y la apuesta que se proponen establecer en materia de seguridad, desde la federación hacia los estados y municipios…