La austeridad que no alcanza: recortes, deuda y desaceleración

No cabe duda de que la herencia que recibirá Claudia Sheinbaum por parte del actual titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, no es la más deseada. A pesar de lo atractiva que pueda sonar políticamente, la futura inquilina de Palacio Nacional enfrentará un escenario económico complejo y lleno de retos. Acompañada de la estructura que el partido oficial le pueda brindar, su ejercicio de gobierno estará marcado por las promesas de austeridad y un inevitable recorte al gasto público, lo que podría mermar significativamente sus capacidades de gestión. 

El debate sobre una posible recesión económica ha vuelto a tomar fuerza en el panorama nacional ante la incertidumbre que gira hacia 2025, el primer año de gobierno de Sheinbaum. La desaceleración de la economía, sumada a la consolidación fiscal y los efectos de la reforma al Poder Judicial, se perfilan como los factores que marcarán este arranque.

Uno de los principales temas que preocupa es el déficit fiscal, que cerrará 2024 en un alarmante 5.9% del PIB. La administración entrante ya ha anunciado su intención de reducirlo a entre 3% y 3.5%, lo que implica un ajuste significativo en el gasto público. Este recorte, que afectará áreas clave como la inversión pública en infraestructura, se traducirá en una disminución de proyectos como Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, que representarán un ajuste de aproximadamente 1.5% del PIB.

El impacto más severo se verá reflejado en el crecimiento económico. Según la OCDE, para 2025, la economía se estima que crecerá apenas un 1.2%, cifra menor al 2.0% proyectado hace unos meses para el mismo año. Este freno será consecuencia directa de la reducción del déficit fiscal, las altas tasas de interés tanto del Banco de México como de la Reserva Federal de Estados Unidos y la falta de inversión pública. La reforma judicial también jugará un papel importante en la caída de la inversión privada, pues genera incertidumbre entre los inversionistas nacionales e internacionales.

Por su parte, la calificadora Fitch ha puesto en duda la capacidad del país para mantener su calificación soberana estable, debido a una combinación de factores internos y externos. Si bien México tiene un historial de manejo macroeconómico prudente, el elevado déficit, los costos de endeudamiento y el deterioro institucional son señales de alerta. Las elecciones en Estados Unidos también añaden una capa extra de incertidumbre que podría impactar en la calificación de riesgo soberano de México.

Frente a este panorama, la administración entrante parece confiar en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá generar ingresos extraordinarios a partir de litigios pendientes. Sin embargo, la realidad apunta a que este supuesto es poco probable, y la falta de una reforma fiscal integral será un obstáculo para cumplir con las promesas de consolidación fiscal sin aumentar impuestos.

En resumen, lo que se avecina es un escenario de finanzas públicas débiles, que repercutirá directamente en el bolsillo de los ciudadanos. El menor gasto gubernamental no será fácilmente compensado por la Iniciativa Privada, lo que inevitablemente llevará a una desaceleración económica.

Nos encontramos a las puertas de un nuevo gobierno, que cargará con los platos rotos de decisiones tomadas en el pasado. La siguiente vez que analicemos estos temas ya estaremos bajo el mandato de la nueva pseudoemperatriz de este país. Esperemos que las noticias sean mejores, aunque, si me permiten, no soy optimista.

* El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía y de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director general y fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa de análisis: Voces Universitarias. Contacto y redes: https://eduardolopezchavez.mx/redes